La reforma de la Ley Electoral ha iniciado su andadura en el Congreso con cambios que buscan, por ejemplo, restar poder a los tránsfugas o evitar que la izquierda abertzale llegue a las instituciones, pero no se tramitará por vía urgente por un veto de IU, en protesta por que no varíe el reparto de escaños.

Finalmente han sido dos las proposiciones de ley registradas en la Cámara: una de ellas, con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV, recoge la mayoría de los cambios a la Ley Electoral del Régimen Electoral General (LOREG) -iniciativa que "frenará" IU-; y otra, firmada sólo por PSOE y PP, que afecta básicamente a la Ley de Partidos.

De salir adelante esta última reforma la novedad más importante es que se podrá inhabilitar a cargos ya electos si, tras las elecciones, una sentencia judicial firme declara ilegal a su partido. Con todo, este cargo electo tendrá un plazo de quince días para presentar de forma voluntaria una declaración "expresa e indubitada" de rechazo a las causas jurídicas que motivaron la ilegalización de su partido.

Una figura que socialistas y populares han llamado "incompatibilidad sobrevenida", con la que quieren obstaculizar aún más el acceso a las instituciones de personas vinculadas con el entorno de ETA, según han explicado Txiki Benegas (PSOE) y José Antonio Bermúdez de Castro (PP) en rueda de prensa.

No obstante, esta reforma no cuenta con más respaldo que el de PSOE y PP, y por ello se ha presentado en una iniciativa distinta a la del resto de cambios de la LOREG, que sí cuenta con más apoyos -CiU y PNV-.

También se "desactivará" el poder de los tránsfugas a la hora de presentar mociones de censura en los ayuntamientos, de manera que para que estas mociones salgan adelante no bastará con la mayoría simple, sino que se exigirá un voto más por cada tránsfuga que firme la moción.

Otras medidas que incluye son prohibir la inauguración de obras por parte de instituciones públicas en periodo electoral, instar a los medios de comunicación privados a garantizar la pluralidad en los informativos y debates, reducir los gastos de los partidos en publicidad electoral, rebajar la financiación de las fuerzas políticas en gastos electorales o elevar la cuantía de las donaciones de particulares a los partidos.

Y si no se propone modificar el sistema de reparto de escaños, tal y como demandan partidos como IU o UPyD, es porque esta reforma debe hacerse atendiendo al interés general, y no al interés "partidista o coyuntural" de alguna fuerza política, según Benegas y Bermúdez de Castro.