Madrid / Oviedo
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado ampliar a las fiscales del «caso Gürtel» la investigación que sigue contra el juez Garzón por ordenar la intervención de las comunicaciones entre varios de los imputados de ese caso en prisión y sus letrados.
El pasado mes de mayo el abogado Ignacio Peláez, que presentó la querella contra Garzón por las escuchas, amplió su acusación a las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura, de la Fiscalía Anticorrupción, por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, los mismos que imputa al juez, y pidió al TS que las citara a declarar como querelladas.
Respecto al delito de prevaricación, la Sala recuerda que se trata de una infracción especial que sólo puede ser cometida por un juez. Por ello, una participación de las fiscales habría de consistir exclusivamente en la de cooperación que se configuraría como un supuesto de «comisión por omisión» entendiendo que debían velar por los derechos de los encausados que hubieran podido ser vulnerados.
Mientras, ayer se supo que, según un informe policial incorporado al caso, revela que Álvaro Pérez, «el Bigotes», pagó varios vehículos cuyos «usuarios finales» fueron el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex director de la Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno.
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