El Ministerio de Fomento retomará el lunes las negociaciones con el colectivo de controladores aéreos, quienes valoran positivamente la predisposición del Gobierno y su nueva interlocución en aras a resolver el actual conflicto laboral lo más rápido posible. Ayer mismo el Consejo de Ministros aprobó el decreto que amplía el estado de alarma hasta el 15 de enero.

Los controladores calificaron de «absurda» la medida. El Gobierno aseguró, en cambio, que esa prórroga «no resta fuerza» para negociar y aprovechó para criticar al PP por no haber respaldado la medida, en un ejercicio de «irresponsabilidad». El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que los populares buscaron con su abstención quedar bien con los ciudadanos.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha mostrado su «satisfacción» por la vuelta a «la senda de la negociación y el consenso», para recuperar la concertación y el diálogo social frente a un colectivo que ha sido organizado mediante sucesivos decretos y leyes en los últimos meses y tras la huelga salvaje que obligó al cierre del espacio aéreo durante el puente de la Constitución.

Los representantes legales de Fomento y del propio sindicato han intensificado los contactos, hasta el punto de que se está elaborando un calendario de encuentros. La USCA ha afirmado que el diálogo «es la mejor manera de establecer acercamientos, encaminados a poder culminar con el proceso de negociación del convenio colectivo».

AENA dijo que se debe partir del acuerdo de mínimos del 13 de agosto, en el que entre sus doce puntos figuraba una jornada aeronáutica de 1.670 horas anuales y un máximo de 80 horas extra. El acuerdo fija un salario medio de 200.000 euros al año hasta 2013 para los controladores operativos, y cuatro categorías de turnos -1.200 horas, 1.300 horas, 1.400 horas y 1.500 horas-, en función de la carga de trabajo de cada centro, hasta un máximo de 1.670 horas anuales. Además, considera la posibilidad que en cualquiera de las dependencias donde sea necesario hacer más horas para cubrir el servicio -siempre hasta el máximo de 1.670 horas anuales a las que hace referencia la ley- éstas queden garantizadas por un procedimiento acordado entre ambas partes.

Por último, el fiscal general, Cándido Conde Pumpido. rendirá cuentas el martes ante el Consejo Fiscal por su participación en el Consejo de Ministros que decretó el estado de alarma.