El vicepresidente territorial del Gobierno, Manuel Chaves, ha solicitado a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas un informe para la eliminación de posibles "duplicidades, solapamientos e ineficiencias" en el sistema autonómico, "siempre desde el respeto a las competencias de las Comunidades.
Así lo ha anunciado Chaves en la comisión de Política Territorial del Congreso, en la que ha explicado que las conclusiones de este informe servirán de base para un acuerdo en el seno de la Conferencia de presidentes y en las correspondientes conferencias sectoriales.
Chaves ha expresado su "plena confianza" en el Estado de las autonomías y su "fe" en sus potencialidades, y ha dejado claro que ahora "no es el momento para plantear retrocesos" en el estado autonómico "ni tampoco lo es para juegos frívolos de cálculo electoral con el modelo constitucional de convivencia".
A pesar de que el sistema autonómico se muestra como "un gran activo" que permite aprovechar las capacidades del país, Chaves ha reconocido que su desarrollo "también ha producido ciertas disfunciones y duplicidades que hay que corregir o mejorar permanentemente".
De ahí que haya encargado a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas un estudio para eliminarlas.
Ha resaltado, no obstante, los resultados positivos que está dando la cooperación de las autonomías, sobre todo en época de crisis, y así ha mencionado las medidas de reducción de gasto farmacéutico que permitirán ahorrar 1.500 millones de euros o los compromisos de las comunidades con el plan de estabilidad.
Chaves ha repasado algunas de las actuaciones en materia autonómica, como los 70 traspasos de competencias efectuados en esta legislatura (22 para Cataluña), que afectan a 3.987 empleados estatales que son trasvasados a las comunidades.
Ha recordado asimismo que el Gobierno ha incluido en su programa legislativo del próximo mes de junio la Ley sobre utilización de las lenguas cooficiales ante los órganos del Estado.
Antes, en marzo, se presentará en el Congreso la Ley de Gobierno Local, si bien Chaves ha reconocido que no podrá entrar en vigor antes de las elecciones municipales de mayo, aunque sí durante la próxima legislatura local.
Esta nueva normativa, ha reiterado Chaves, no estará acompañada de una nueva ley de financiación local, toda vez que el esfuerzo de ajuste presupuestario lo hace "desaconsejable".
"Una situación económica más propicia permitirá negociar unas condiciones de financiación más duraderas y que se correspondan más con la realidad de los ayuntamientos y menos con la actual situación de ajuste presupuestario", ha indicado Chaves.
Por ello, "habrá que buscar el momento adecuado" para aprobar esa ley, una nueva norma que han demandado en el debate algunos portavoces, como el diputado del PP Rafael Merino, o el de ERC Francesc Canet, quienes han descrito la situación de asfixia financiera que atraviesan los municipios.
Merino ha reprochado al Gobierno socialista haber "renunciado" a resolver los problemas de los municipios, en tanto que Canet ha opinado que escudarse en la crisis económica para no abordar un nuevo sistema de financiación local es un "chantaje".
Manuel Chaves ha compartido la preocupación por la situación económica local y ha explicado que los ayuntamientos han aumentado su deuda en un 58 por ciento en los últimos siete años debido al elevado incremento de la de algunas grandes ciudades.
Así, Madrid la ha aumentado en ese periodo en un 390 por ciento; Valencia, en un 37; Zaragoza, en un 45; y Málaga, en un 100 por ciento, frente a la disminución del 37 por ciento de Barcelona.
De todos modos, ha calificado de "aceptable" el nivel general de endeudamiento de los municipios y ha dicho que la mayoría de ellos podrá recurrir a esta forma de financiarse porque su deuda viva no supera el 75 por ciento de sus ingresos.
