La Fiscalía General del Estado pedirá al Tribunal Supremo que prohíba la inscripción de Sortu en el registro de partidos al considerar acreditado que la nueva formación aberzale es sucesora de la ilegalizada Batasuna, tras «un análisis jurídico de la documentación remitida por Interior».
La demanda será interpuesta antes del 11 de marzo, fecha en la que expiran los 20 días del plazo de que dispone la Fiscalía. La vía elegida es la del incidente de ejecución de la sentencia de la Sala 61 mediante la que el Supremo declaró el 17 de marzo de 2003 ilegal a HB-EH-Batasuna por pertenecer a ETA.
La Fiscalía ha tomado esta decisión tras un análisis en profundidad de los estatutos de Sortu, como de los informes de la Guardia Civil y la Policía. Al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba la decisión le «suena razonable» por la «mucha información» con la que cuentan en su Ministerio. Las fuerzas de seguridad «continuarán realizando investigaciones complementarias», bajo la dirección del ministerio público.
Los informes recibidos en la Fiscalía el miércoles concluyen después de analizar los estatutos, diversos documentos incautados y las circunstancias de los promotores del nuevo partido que Sortu es un instrumento de Batasuna «al servicio de ETA y que su rechazo de la violencia es una estratagema».
Según los informes policiales, detrás de los promotores de Sortu está el entorno político de ETA y a su presentación asistieron 30 antiguos cargos de Batasuna y un miembro del aparato político de la banda. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ayer que el hecho de que Batasuna trate de recurrir a un «plan B» (presentarse en candidaturas de otros partidos) si Sortu es ilegalizado no es «ninguna novedad» y que el Gobierno está «preparado para impedirlo». El lendakari, Patxi López, advirtió de que si Sortu asume la democracia nadie debería impedir su integración.
La decisión sobre Sortu dependerá de la Sala del 61 del Supremo, que encabeza Carlos Dívar y de la que forman parte los presidentes de cada una de las cinco salas del alto tribunal.
La izquierda aberzale, que hoy saldrá a la calle en Bilbao con los nacionalistas para pedir la legalización de Sortu, insistió ayer en que no tiene planes B para acudir a las elecciones. El líder del Batasuna, Arnaldo Otegi, preso en la cárcel de Logroño, publicó un comentario en el que se jacta del «nerviosismo» y la «decepción» del Estado porque ya «no puede sostener que nada ha cambiado». Sin citar a ETA, avisa además de que sólo partidos, sindicatos y mediadores pueden hacer propuestas al mundo aberzale, que, según admitió, ha sufrido un déficit de credibilidad tras los fracasos de los dos anteriores procesos de diálogo.
Por otra parte, la fiscalía de la Audiencia salió ayer en apoyo de la decisión del juez Pablo Ruz de no llamar a declarar a Antonio Camacho, porque «no aporta nada al esclarecimiento de los hechos». El ministerio público no ve «ningún asidero» para «conocer el contenido» de las llamadas que el número dos de Interior mantuvo en las fechas del chivatazo a ETA con el ex director de la Policía y el jefe superior en el País Vasco, ambos imputados por el «caso Faisán». Ruz ya rechazó interrogarle por la «irrelevancia en el tráfico de llamadas», que se debía a la «relación orgánica y funcional» que Camacho mantenía con sus interlocutores. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha pedido investigar si ETA tiene dinero de los fondos reservados en paraísos fiscales.
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