Sevilla, Efe
La Junta de Andalucía cifró ayer en 146 los casos irregulares detectados en los ERE financiados por la administración andaluza, un asunto por el que la oposición (PP e IU) ha apuntado a la responsabilidad política del presidente, José Antonio Griñán, al que ha reclamado que permita una comisión de investigación.
El consejero de Empleo, Manuel Recio, compareció en comisión parlamentaria para informar, a petición propia, de los resultados de la investigación sobre las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados con fondos públicos. Recio elevó a 146 los casos irregulares, ya que, según precisó, se han analizado los datos de 64 empresas, de las que 32 presentan 146 irregularidades.
Un total de 59 casos (1,12%) son «ajenos a las empresas, es decir, son los llamados presuntos intrusos, mientras hay 87 casos que se consideran «discrepancias administrativas», es decir, trabajadores que sí tienen vinculación laboral con la empresa, pero sobre los que los funcionarios que han llevado la investigación interna «no tiene total certeza».
La investigación tienen aún pendientes de analizar 290 expedientes de cuatro empresas. Toda la documentación ha sido remitida al juzgado.
