El Gobierno está preparando una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) mediante la cual la Fiscalía será la encargada de dirigir la investigación penal. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que incorporará garantías constitucionales que la actual norma no recoge y sí lo hacen el Tribunal Constitucional y el Supremo. Al PP no le gusta un proyecto que, según su criterio, no garantizará la independencia en las investigaciones.
El nuevo texto consagra el derecho de defensa. Los jueces ya no investigarán, aunque serán quienes velen por los derechos del sospechoso. La presunción de inocencia se verá reforzada por la figura del juez de garantías primero, el juez de audiencia preliminar después y, por último, el juicio. La figura del imputado desaparecerá en favor de la del investigado y se crea el estatuto de la víctima, según el borrador filtrado ayer.
El fiscal tendrá la potestad de archivar el caso si no ve indicios de delito, decisión recurrible ante el juez de garantías. La función de la Policía pasará a depender exclusivamente del ministerio público y acabará con la identificación del presunto criminal. Por primera vez se regulará la colocación de micrófonos en viviendas, las escuchas y los agentes encubiertos.
La reforma no atiende a la exigencias de la ONU de abolir el régimen de 13 días incomunicación en casos de terrorismo. Para prevenir los malos tratos, el detenido será grabado en vídeo y cada ocho horas le asistirá un médico forense, además de un segundo doctor designado por el Defensor del Pueblo. El investigado podrá entrevistarse con su abogado antes de declarar ante la Policía y lo que diga ante el fiscal no tendrá valor en el juicio oral. El encausado se podrá sentar junto a su defensor en vez de en el banquillo.
El juicio ya no comenzará con el interrogatorio al procesado, y la acusación tendrá que demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Además nadie podrá ser condenado por identificación visual, la declaración de otro coacusado o mediante testimonios de referencia. La acusación popular no podrá sentar a nadie en el banquillo y los partidos y sindicatos dejarán de ejercer de acusadores en casos como el de la «trama Gürtel». Por último, los juicios de falta podrán ser archivados por el fiscal.
El Gobierno aseguró que su objetivo no será tanto aprobar la nueva norma antes de agotar la legislatura como que «por encima de todo se consiga un consenso de todas las fuerzas políticas». «Con la reforma queremos copiar las pautas de las democracias avanzadas de la Unión Europea en los procesos penales», dijo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien recordó que la Lecrim en vigor tiene 129 años.
El PP advirtió de que ceder las investigaciones criminales a la Fiscalía «choca» con un modelo jerárquico de Fiscalía General. Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FdV) ven con buenos ojos algunos aspectos que incorpora el borrador de la ley de Enjuiciamiento Criminal. La primera valora «muy positivamente» el texto. La segunda, por su parte, celebra la incorporación de algunos «aspectos positivos» como la regulación de las escuchas telefónicas, la grabación en vídeo de los detenidos, la inclusión de un estatuto de la víctima o la limitación de la acusación popular.
Pero las asociaciones han advertido sobre otros puntos «críticos» del texto, como es la propuesta de que el detenido sea asistido no sólo por un médico forense, sino por otro designado por el Mecanismo de Prevención de la Tortura porque eso supone introducir un elemento «extraño» que transmite la sensación de que «hay sospechas» sobre la situación del arrestado.
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