La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado escritos ante el Tribunal Constitucional contrapuestos sobre la «doctrina Parot». Mientras el ministerio público la rechaza, la iniciativa en nombre del Gobierno pide su aplicación por entender que está más ajustada al valor constitucional de «justicia», ya que «corrige» una interpretación de «excesiva benignidad» con el delincuente y de «poca consideración con las víctimas».
En concreto, la fiscalía solicita al TC que estime el recurso del etarra Joseba Artola Ibarretxe, que debía haber salido en libertad en 2006, al considerar que se le aplicó la «doctrina Parot» cuando la liquidación de condena ya era definitiva.
En el caso de Artola, que en junio ha cumplido 25 años en prisión, la aplicación del nuevo cómputo de los beneficios penitenciarios establecida por el Tribunal Supremo hizo que la fecha de puesta en libertad se retrasara hasta el año 2016.
La fiscalía considera que la liquidación de condena que se le había practicado era ya definitiva, lo que confiere al recurrente unos «derechos adquiridos» que no pueden verse vulnerados por la nueva doctrina, según informa «Efe».
Para la Abogacía del Estado, sin embargo, el recurso de este etarra condenado por tres asesinatos debe ser rechazado puesto que la «doctrina Parot» no supone la aplicación de una nueva pena -de 30 años en lugar de la anterior de 20 años-, sino, simplemente, una modificación del cómputo de los beneficios penitenciarios.
Mientras, el Gobierno anunciará este domingo su postura sobre la petición del abandono de las armas a la que no dará un apoyo cerrado. Por último, EE UU ha incluido al jefe militar de ETA, Jurdan Martitegi, en su lista negra de terroristas.
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