El PP llevará en su programa una reforma del Código Penal que incluya la prisión perpetua revisable, un tipo de condena que tienen todos los países de la UE menos dos, uno de ellos España, según anunció ayer Federico Trillo en la convención de los populares.
Se trataría de que las penas se estudien a los 20 años para decidir si el reo queda en libertad, libertad vigilada o sigue en la cárcel, en cuyo caso las revisiones se producirían en plazos más breves. Fuentes populares explicaron la conveniencia de incluir esta figura penal, toda vez que en España, al no haber pena capital, los castigos máximos varían según las circunstancias. Según el PP, la prisión perpetua revisable es apoyada por el 82 por ciento de la opinión pública.
La reforma también incluirá reducir a dos las veintiocho penas que tiene recogidas el Código. En su intervención en la convención Trillo lanzó duras críticas contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al que tachó de «ser infame» y que «dejará su nombre en las letras más negras de la historia judicial española».
Entre las propuestas programáticas, Esteban González Pons destacó impulsar una ley que proteja a las personas mayores de los «abusos» de grandes empresas como la banca o las telefónicas, según informa «Efe».
La elección por parte de la judicatura de doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial y la ya conocida promesa de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad han sido otras de las propuestas confirmadas.
Habrá que ver cómo queda el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Al PP le gusta una fórmula inspirada en la del Supremo estadounidense -donde los jueces son nombrados por el Gobierno de forma vitalicia-, porque se ha demostrado, según Federico Trillo, que son independientes y no responden a la Administración que los nombra.
Han quedado abiertos los debates sobre la limitación de los mandatos de los gobernantes, una iniciativa razonable para el PP porque obligaría a la renovación de proyectos, como subrayó Soraya Sáenz de Santamaría, quien dijo que Rubalcaba «se pasó por el forro» los acuerdos del Congreso como el de no cobrar el IVA.
No se ha confirmado si se incluirá en el programa la reducción de diputados que Rajoy propuso estudiar, aunque el presidente cántabro, Ignacio Diego, ha anunciado que propondrá en su región una reducción del 10 por ciento de los parlamentarios.
Los barones regionales ensalzaron la figura de Mariano Rajoy como el presidente idóneo para el cambio que necesita España. Dolores de Cospedal abrió las intervenciones de los presidentes autonómicos, que han cerrado filas para subrayar las bondades de su candidato frente a un rival, Alfredo Pérez Rubalcaba, que, en palabras de la secretaria general, es «el Vicezapatero», y si gobierna «todo puede hundirse más».
Todo ello en una jornada en la que era patente el malestar de algunos ex parlamentarios que aún no saben si irán en las listas y de lo que culpan al secretismo de los dirigentes. El entorno de Rajoy da por hecho que Alberto Ruiz-Gallardón irá en la lista de Madrid entre los cinco primeros puestos.
El PP se compromete a lograr administraciones ágiles, austeras y transparentes. Esperanza Aguirre dijo que «todos esperamos con impaciencia la llegada de Rajoy al Gobierno, y los 45 días que faltan hasta el 20-N se nos están haciendo eternos». El balear José Ramón Bauzá afirmó que «no vamos a permitir que los que han gobernado y nos han arruinado hagan como si la cosa no fuera con ellos». Sus compañeros, desde el gallego Alberto Núñez Feijóo al valenciano Alberto Fabra, pidieron un Gobierno de «todos y para todos» frente a la tentación de los «miniestados».
Rajoy trató con los presidentes autonómicos las dificultades para elaborar sus presupuestos al no haber prorrogado el Gobierno los estatales y no saber con qué ingresos cuentan para 2012. Montoro les ha pedido evitar más desviaciones presupuestarias.
