La Confederación Española de Organizaciones Empresariales pidió ayer a los partidos que se presentan a las elecciones del 20 de noviembre un nuevo contrato indefinido con menor indemnización para abaratar el despido, que se limite el ejercicio del derecho de huelga cuando suponga «un daño irreparable» para la economía y la seguridad de las personas y las empresas, que los ciudadanos paguen parte del coste por utilizar la sanidad, la educación y la justicia y recortes en el sector público.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, dijo que formulan las propuestas «con toda la buena intención», porque para contratar necesitan flexibilidad en el mercado de trabajo y un coste del despido que no suponga la desaparición de las empresas. La junta directiva de la gran patronal quiere que las actuales 43 modalidades de contratación se reduzcan a indefinido, temporal, fijo discontinuo, obra y servicio, a tiempo parcial y de formación.

En cuanto al nuevo contrato indefinido, los empresarios pretenden que su indemnización por despido improcedente se reduzca a 20 días con un tope de una anualidad, de los que 8 días los abonaría el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En la actualidad existen dos tipos de indefinidos, que seguirían en vigor: el fijo ordinario, cuya indemnización por despido improcedente es de 45 días con un tope de dos anualidades, y el indefinido de fomento del empleo estable, de 33 días con un tope de una anualidad. El Fogasa abona 8 días en el caso de despido objetivo por causas económicas (que es de 20 días), por lo que si entrara en vigor lo que pide la CEOE también tendría que cubrir la misma proporción en los improcedentes.

Además, la patronal quiere que la indemnización del despido objetivo por causas económicas se quede en «12 días o nada» y que el Fogasa no complemente porque «se le están acabando los fondos».

La gran novedad en las medidas que la patronal quiere que los partidos lleven en sus programas es la fijación de un copago (que el usuario pague parte del coste) en sanidad, educación y justicia para moderar la demanda de esos servicios. Pero la CEOE pretende además un «marco basado en la colaboración públicaprivada» para la gestión sanitaria y del modelo de dependencia. Y todo ello acompañado de recortes del sector público para reducir tamaño y recursos humanos. Los empresarios pretenden que se limite el ejercicio de la huelga para que no se pueda paralizar el país cuando los daños sean mayores que los derechos que se defienden. La bajada de impuestos, la unidad de mercado, la reducción del déficit público, adelgazar la Administración, pasar los festivos a lunes para evitar puentes largos y restablecer el crédito a empresas y familias son otras peticiones. La junta rechazó la propuesta de Rosell para que los sindicatos entren en los consejos de administración y que se recapitalice indiscriminadamente a la banca.