Casi un centenar de redactores, 20 fotógrafos y otras tantas cámaras de hasta 50 medios de comunicación se habían acreditado hasta el pasado viernes para cubrir el juicio que comenzará el lunes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, por la causa de los trajes derivada del caso Gürtel.

Esta cifra de medios de comunicación es similar a la de otros grandes procesos penales celebrados en la Comunitat Valenciana, los casos Alcàsser y Maeso, con más de 100 y 200 periodistas acreditados en cada uno de ellos.

No obstante, en esta causa, al celebrarse la vista en la sala de lo civil y penal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, al ser ambos acusados aforados, por las propias condiciones del edificio y al seguir el procedimiento del jurado, presenta más limitaciones de espacio tanto para poder asistir como público como para los medios de comunicación, para quienes el TSJCV ha habilitado una sala de prensa donde se recibirá señal de audio y video directamente y de forma ininterrumpida, aunque no se podrá realizar una retransmisión en directo de la vista.

De hecho, el pasado viernes, el magistrado-presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, confirmó la forma prevista para la transmisión del juicio a los medios y rechazó la oposición formulada por Costa que consideraba que la presencia constante de una cámara y un fotógrafo en la sala vulneraba su derecho a la defensa y excedía al derecho a la información.

Climent especificó en la providencia en la que contestó a Costa que en este caso se han establecido unas previsiones de facilidad de cobertura para los medios "análogas" a las de recientes vistas, en las que no se ha afectado al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de las partes, y que se ajustan a los dispuesto en el 'Protocolo de Comunicación de la Justicia' aprobado por el Consejo General del Poder Judicial.

En todo caso, señalaba que este proceso "se ha de resolver exclusivamente en los términos que resulten de lo actuado en la vista oral y pública, conforme a las prescripciones legales, y no con arreglo a las informaciones y opiniones" publicadas por los medios, cuyo contenido no es de competencia del tribunal "ni ha de afectar a lo que se decida en el proceso".

La vista, según el calendario provisional de comparecencias, sin perjuicio de que puedan adelantarse o retrasarse en función del desarrollo de las sesiones, se prevé que se prolongue hasta el 23 de diciembre. En caso de que no fuera posible concluir las sesiones en las jornadas de mañanas, se habilitará su continuación por las tardes, para no tener que alterar el calendario de declaraciones y las citaciones hechas.

Los otros dos casos

En el 'caso Alcàsser', en el que se juzgó a Miguel Ricart por el asesinato, rapto y violación de Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, se acreditaron 106 periodistas de 34 medios de comunicación para dar cobertura a la vista, que se celebró en este mismo edificio en mayo de 1997, en la sección segunda, y que podía seguirse por circuito cerrado de televisión desde la sala de prensa. El propio Ayuntamiento de Valencia tuvo que reservar espacio en la vía pública e incluso a cortar un carril ante la demanda de estacionamiento para unidades móviles.

En este caso, el tribunal había citado a 108 testigos --83 por acusaciones y 25 por la defensa y 33 testigos. El juicio se prolongó durante más de dos meses y 49 sesiones, hasta el 30 de julio de ese año. La sentencia que condenó a Ricart a 170 años de cárcel, que confirmó posteriormente el Supremo, se dictó en septiembre.

El segundo juicio mediático celebrado en la Comunitat fue en septiembre de 2005, cuando el anestesista Juan Maeso se sentó en el banquillo igualmente de la sección segunda, aunque en esta ocasión en la Ciudad de la Justicia, acusado de contagiar el virus de la hepatitis C a 275 pacientes entre 1988 y 1997 en los hospitales La Fe, Casa de la Salud, Quirón y Virgen del Consuelo.

En esa ocasión, se habilitó una dependencia de 700 metros dada la magnitud del proceso: más de 200 periodistas acreditados, 153 abogados y 500 asistentes en el salón de actos, mientras que otros 40 podían seguir la vista en la propia sala, cuyo tribunal condenó a Maeso a 1.933 años de cárcel que también confirmó el Supremo.

La vista, que se prolongó desde el 12 de septiembre de 2005 hasta el 26 de febrero de 2007, incluyó la declaración de más de 600 testigos y un centenar de peritos.