El candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que sólo subirán las pensiones en su política de máximo rigor presupuestario, mientras que todas las demás partidas son «susceptibles» de ser reducidas. Esta «tarea nacional» tiene un coste: un recorte de al menos 16.500 millones para garantizar que se cumplirá el déficit del 4,4 por ciento.

Fue el suyo un discurso de investidura sin sorpresas y sin ninguna referencia a ETA, tras iniciarlo con una alusión a las víctimas del terrorismo. En su intervención, de una hora y veinte minutos, Rajoy no desveló la estructura del que será su Gobierno, pero anunció medio centenar de medidas para reactivar la creación de empleo y profundos recortes del gasto y del sector público, a la vez que ofreció rebajas de impuestos para las empresas.

«Los indicadores presentan un panorama que no podría ser más sombrío», alertó Rajoy al anunciar que se suprimirán los «puentes», con el traslado al lunes de la mayoría de las fiestas, y que no se cubrirán las vacantes de funcionarios, excepto en las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El candidato añadió que se suprimirán las duplicidades en la Administración y se reducirá la dimensión de las entidades públicas. En esta línea de recorte del gasto, aseguró que no se permitirán más prejubilaciones y que acabará con el fraude de utilizar en estos casos el subsidio de desempleo.

La ley de Estabilidad Presupuestaria contra el déficit entrará en las Cortes en enero, al igual que el decreto de medidas urgentes que aprobará el Consejo de Ministros el próximo día 30. Ante el «vacío legal y la inseguridad jurídica» por la falta de Presupuestos, Rajoy está decidido a consolidar la disciplina en el gasto, y lo hará por medio de este decreto, que revalorizará las pensiones el 1 de enero.

Éste será «el único compromiso de aumento del gasto», enfatizó, para advertir de que todo lo demás es «susceptible de una reducción a la baja». Acto seguido aseguró que su Gobierno hará «un análisis pormenorizado de cada una de las partidas de los Presupuestos», con el fin de garantizar que «no se gastará un euro de más».

Rajoy avanzó que, en los próximos tres meses, su Gobierno aprobará la reforma laboral para unificar contratos y flexibilizar el empleo, una ley de independencia de los organismos reguladores, otra de apoyo a los emprendedores, la renovación del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo y del consejo de RTVE.

El anuncio de un nuevo modelo de gestión para las televisiones públicas fue interpretado como un aviso de privatización. Para el verano Rajoy quiere culminar la reforma del modelo financiero, que se encarrilará por la vía de una nueva oleada de fusiones y no tanto por la del «banco malo», de cuya creación no se mostró partidario.

Mariano Rajoy se comprometió a acometer las reformas y los ajustes desde el diálogo con todos, sin excepción, y diciendo «la verdad, aunque duela», llamando «al pan, pan y al vino, vino». Posteriormente, resumió el diagnóstico de la situación de sombrío, caracterizada por un paro que alcanza a 5.400.000 ciudadanos y que en el caso de los jóvenes es del 46 por ciento, el descenso de la actividad económica, una renta que se desploma, un déficit y una deuda que aumentan, unos niveles de consumo apáticos y una confianza «en niveles alarmantes».

«Estas circunstancias son las peores que un Gobierno ha recibido en la democracia», dijo Rajoy. «Afrontamos enormes dificultades y nos esperan grandes sacrificios», advirtió, tras convocar a todos los españoles porque «la tarea sobrepasa al Gobierno. El que hoy será investido presidente apeló al «esfuerzo, la tenacidad y la confianza». «No voy a aceptar que haya una generación que pueda perderse (...). Los nubarrones pasarán y llegará el día en que miraremos atrás y ya no veremos los sacrificios», añadió al pedir su investidura.