Palma, M. FERRER /

F. ARMENDÁRIZ

La fiscalía anticorrupción de Baleares solicitará previsiblemente que el juez imponga una fianza civil a Iñaki Urdangarín y al resto de imputados por posibles responsabilidades pecuniarias. El duque de Palma y su ex socio Diego Torres son los principales encausados en una investigación que trata de determinar si desviaron millones de euros de fondos públicos para fines particulares a través de la entidad que dirigían, teóricamente sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos.

Aunque es pronto para saber si el juez instructor del caso, José Castro, dictará medidas cautelares contra el duque de Palma, la tónica habitual de los fiscales anticorrupción baleares es pedir una fianza civil para que los imputados hagan frente al posible reintegro de las cantidades malversadas, además de hacerse cargo de eventuales multas, recargos, pago de costas y demás.

El presente caso no parece que vaya a ser una excepción, habida cuenta de que los investigadores acusan al duque de haber hinchado facturas por la organización de eventos sufragados con dinero público. En concreto, el grueso de la facturación del Instituto Nóos entre los años 2004 y 2006 procedió de las administraciones públicas, especialmente del Gobierno balear, la Generalitat de Valencia y el Ayuntamiento de esa ciudad.

En 2004, la entidad que presidía el duque de Palma organizó el Valencia Summit, un foro de debate sobre grandes eventos deportivos y desarrollo que tuvo continuidad en 2005 y 2006, con un coste en torno a los 3,8 millones de euros. En cuanto a Baleares, también en 2005 se celebró la primera edición del Illes Balears Forum, con expertos del mundo académico, empresarial y deportivo. El instituto que presidía Urdangarín se embolsó 1,2 millones de euros, y otros 1,1 millones al año siguiente por el segundo foro.

Asimismo, la entidad ingresó unos 300.000 euros por varios contratos para controlar la imagen y el patrocinio del equipo ciclista Illes Balears. Todas estas iniciativas fueron auspiciadas por el entonces presidente del Ejecutivo autonómico, Jaume Matas, principal imputado en el «caso Palma Arena». Un peritaje judicial determinará el coste a precio de mercado de todos estos eventos financiados por las instituciones, para así calcular las supuestas cantidades malversadas y, en su caso, la correspondiente fianza civil.