Palma, Alberto MAGRO

«Esto no beneficia a nadie». Con «esto», el duque de Palma se refiere, en un correo electrónico dirigido a su asesor fiscal, Miguel Tejeiro, al alboroto ciudadano y el espectáculo mediático que se montó en octubre de 2011 en España cuando el «caso Palma Arena» empezó a convertirse en el «caso Urdangarín». Aunque erraba el duque el diagnóstico: el escándalo que según él no beneficiaba a nadie ya había lucrado a alguien: él mismo. Lo certifican las facturas cruzadas entre el Instituto Nóos sin ánimo de lucro y la decena de empresas y sociedades interpuestas creadas por el duque y su socio Diego Torres para transformar el dinero de origen fundamentalmente público que llegaba a Nóos en beneficios privados para Urdangarín, la infanta Cristina, su asociado y colaboradores como los hermanos Tejeiro.

Entre 2004 y 2008 todos ellos fueron destinatarios de fuertes sumas de dinero aportadas por grandes empresas e instituciones públicas a las arcas del Instituto Nóos para proyectos supuestamente bienintencionados, cuando no benéficos y solidarios.

La realidad que muestran las facturas parece bien distinta: en sólo cuatro años entraron en el entramado societario creado a la sombra del Instituto Nóos 5.011.568 euros.

La cifra es tan gruesa que algunos años prácticamente todos los ingresos del Instituto Nóos acababa en los bolsillos privados del duque y sus socios. Ocurrió, sobre todo, en los dos primeros años de vida del Instituto, cuando Urdangarín aún ocupaba la presidencia: entre 2004 y 2005 la institución sin ánimo de lucro recibió 4.181.647 euros para sus proyectos, de los que 2.958.642 euros acabaron en la inmobiliaria del duque y su infanta, la consultora privada del duque y su socio Diego Torres, o las empresas pantalla constituidas por el propio Diego Torres. Es decir, siete de cada diez euros del instituto fueron a parar a las sociedades privadas del duque y sus colaboradores.

El funcionamiento de la maquinaria puesta en marcha por el ex jugador de balonmano era simple. Casi burdo: el dinero entraba en el Instituto Nóos procedente de resortes públicos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o la balear Fundación Illesport, y salía sin dar vueltas hacia la inmobiliaria Aizoon (la del duque y la infanta), hacia la sociedad de Urdangarín y Torres Nóos Consultoría, S. L. y, en menor medida, hacia la empresa Virtual Strategies, también de Torres. Gracias a ello la inmobiliaria de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón creció como un tiro desde el principio: nació al tiempo que el Instituto Nóos, y ya en el primer año logró el 94% de sus ingresos mediante ventas al propio Instituto Nóos. 313.137 euros de los 332.220 que facturó Aizoon en su primer año de vida venían del organismo sin ánimo de lucro que presidía el ahora imputado Iñaki Urdangarín.

Así que el duque se pagaba a sí mismo. La jugada se repetía en 2005, cuando la empresa de la infanta y su noble consorte le facturaba 489.035 euros al Instituto Nóos: nuevamente, el 86% de los ingresos de la inmobiliaria de Iñaki Urdangarín tenían origen en las decisiones que el propio duque tomaba en Nóos.