El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la admisión a trámite de la querella que el sindicato Manos Limpias presentó contra Iñaki Urdangarín y los responsables del Instituto Nóos Diego Torres y Miguel Tejeiro argumentando que el fraude investigado no afecta a la economía nacional, por lo que su investigación no sería competencia de este tribunal.

El instructor justifica esta decisión en un auto en el que reproduce los argumentos que ya empleó para rechazar la petición del ex presidente de Baleares Jaume Matas para que la Audiencia Nacional asumiera esta causa -desgajada del sumario sobre el «caso Palma Arena» a raíz de la denominada «operación Babel»- en detrimento del juez a José Castro.

Moreno considera «obvio» que las defraudaciones investigadas en la causa «no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional».

De igual modo, señala que la cifra presuntamente defraudada tampoco puede considerarse como «significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional».

Asimismo, recuerda que el Supremo ha venido interpretando restrictivamente el precepto que regula la competencia de la Audiencia Nacional y en un auto de septiembre de 2004 falló en contra de enviar a este órgano una causa relativa a una defraudación del IVA por valor de 21 millones de euros, «cifra esta muy superior a la que se dice puede ascender el importe de defraudación» en la causa contra Urdangarín.

«Entre los argumentos expuestos por el juez Moreno también se encuentra que en la causa «no constan mínimamente acreditados» datos suficientes como para poder llegar a la conclusión de que exista «una generalidad de personas perjudicadas». Según explica, la apertura de una investigación en su Juzgado por los delitos imputados «difícilmente» podría llevarse a cabo sin originar «una duplicidad de procedimientos» y que varios órganos judiciales conocieran «de unos mismos hechos».

Por otra parte, el juez José Castro citará a declarar al asesor legal del Rey. José Manuel Romero, conde de Fontao, relatará como testigo sus gestiones ante el duque después de que fuera encargado de poner punto final a los negocios de Urdangarín.