Iñigo Urkullu, aseguró ayer que el PNV «tiene constancia» de que la Administración vasca está en riesgo de «quiebra inminente», lo que el consejero de Interior, Rodolfo Ares, se apresuró a desmentir «rotundamente».

Urkullu dijo haber recibido una llamada «desesperada» de un alto cargo para pedir ayuda con el fin de inyectar recursos extraordinarios «a las vacías arcas gubernamentales». La Presidencia vasca tachó de falsa esa petición y afirmó que la solvencia está fuera de duda. El PP acusó a Urkullu de atacar el crédito de Euskadi porque no acepta estar fuera del Gobierno.

La denuncia de Urkullu coincidió con el Euskobarómetro, según el cual el 42% de los vascos quiere un adelanto electoral y el 43% no. El sondeo apunta que un 75% apoya acercar a los etarras presos que pidan perdón y el 68% es optimista sobre el fin de la banda.

Por otra parte, el Gobierno catalán superó en un 0,6% el techo de déficit de 2011 con una desviación de 1.400 millones, pese a los recortes de CiU.