El tribunal permite que se lea un auto de Garzón sobre la matanza de Paracuellos

Los últimos testigos que declararon en Tribunal Supremo en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes franquistas reclamaron ayer la actuación de la Justicia, aunque sea fuera de España, para esclarecer las desapariciones que consideran delitos de lesa humanidad que no prescriben.

Así lo defendieron el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, y el de la Asociación Héroes de la República y la Libertad de Cantabria, Antonio Ontañón, que aportó a la denuncia ante la Audiencia Nacional su libro «Rescatados del Olvido», que recopila una investigación de 30 años sobre la represión franquista.

«En Santander había una consigna que venía a decir que de los rojos no quedara ni rastro. En aplicación de esta consigna se aplicaba la muerte física y la desaparición jurídica», dijo Ontañón. «Si tiene que ser una jueza argentina la que asuma la responsabilidad de investigar esos crímenes, es lo que queremos», declaró Emilio Silva, cuyo abuelo fue asesinado por falangistas en el Bierzo (León). Antonio Solana, de la asociación de Memoria Histórica de Castellón, relató cómo en 1947 la Guardia Civil se llevó a su abuelo y a un vecino, a los que acusaron de relacionarse con los «maquis», una relación que ha negado, afirmando que únicamente les dieron comida varias veces.

También se ha procedido, a petición de Manos Limpias, y con la oposición de la defensa, a leer el auto en el que Garzón archivó una querella interpuesta contra Santiago Carrillo por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos de Jarama, al considerar que los delitos habían prescrito. En ese auto, el juez atribuyó «mala fe», «fraude de ley» y «abuso de derecho» a los familiares por tachar de «genocidio» esos asesinatos. Garzón justificó que el delito de genocidio no estaba tipificado cuando esos fusilamientos.

Por otra parte, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró ayer en el Senado que el Gobierno está comprometido a abordar el futuro del Valle de los Caídos desde el «consenso», que, además, considera «necesario» especialmente en asuntos como el futuro de los restos de Franco, para el que todavía «no hay acuerdo». .

La «número dos» de Rajoy dijo que el Ejecutivo «tiene tomada una decisión», pero que el consenso es una de las premisas marcadas por el comité de expertos del anterior Gobierno y advirtió que no se pueden abrir viejas heridas.