El CGPJ pide cuentas al instructor por las filtraciones sobre Urdangarín

Ningún trabajador implica en el caso a la Infanta Cristina, que ayer se trasladó de Barcelona a la Zarzuela

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El juez José Castro.
El juez José Castro. reuters

Palma, F. ARMENDÁRIZ / J. F. MESTRE

El Consejo General del Poder Judicial reclamará al juez instructor del «caso Palma Arena», un informe sobre el posible origen de las noticias relativas a Iñaki Urdangarín publicadas cuando la pieza separada 25 se hallaba bajo secreto sumarial. El Poder Judicial no ha abierto, sin embargo, ningún expediente disciplinario contra José Castro, pero sí investiga una queja de Antonio Alberca, abogado defensor del ex presidente balear Jaume Matas, por «filtraciones».

La comisión disciplinaria del CGPJ ha abierto unas diligencias informativas sobre las noticias de la investigación judicial que afecta al duque. Próximamente pedirá un informe al juez. La decisión la adoptó el martes la comisión disciplinaria, tras recibir una queja del abogado del ex presidente Jaume Matas por las noticias publicadas cuando la pieza 25 estaba bajo secreto sumarial.

El servicio de inspección del Consejo remitirá su dictamen a la comisión disciplinaria, que decidirá entonces si existe alguna responsabilidad del juez sobre esas noticias y si hay motivo para abrir un expediente o, por el contrario, procede archivar la denuncia.

A pesar de que la infanta Cristina, esposa de Urdangarín, aceptó el cargo de vocal del Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, ni uno solo de los más de 60 empleados que han sido interrogados en Barcelona la ha implicado en los negocios de esta sociedad con los gobiernos de Baleares y de Valencia. Los trabajadores afirman que si la duquesa apareció alguna vez por la oficina siempre iba acompañada de alguno de sus hijos y que lo hizo para recoger a su marido en su puesto de trabajo. No tenía despacho ni participó en negociaciones.

Además la Policía tomó declaración como testigos a personal contratado por la infanta y Urdangarín. Estos trabajadores estaban dados de alta a través de la empresa Aizoon, que comparte el matrimonio a partes iguales y que fue utilizada por el duque para cobrar su intervención en los negocios, y por tanto en los beneficios, que se realizaban a través del instituto sin ánimo de lucro.

Entre los empleados de los duques que pasaron por las dependencias policiales estaba la mujer de la limpieza del palacete de Pedralbes, que compró el matrimonio por unos nueve millones de euros, y el técnico que se encarga del mantenimiento de la propiedad. Ambos pudieron justificar su contratación a través de Aizoon, porque trabajaban para los duques y no para sociedades vinculadas con Urdangarín.

La Policía ha podido constatar que la trama Nóos, al parecer, falsificó facturas para inflar gastos y pagar menos impuestos con respecto a los beneficios millonarios que obtuvo. Los testigos han vinculado al duque en todas las decisiones empresariales y económicas que se tomaron tras acordarlas con su antiguo socio Diego Torres, incluido el desvío de fondos a paraísos fiscales. También se ha descubierto que la trama pagaba un sueldo mensual a varios jóvenes, de unos 60 euros, pero ninguno de ellos acudió nunca a trabajar.

La Infanta Cristina viajó ayer en avión a Madrid, tras permanecer dos días en Barcelona atendiendo su agenda en la Fundación la Caixa, estancia que aprovechó para reunirse con el abogado de su marido. La hija del Rey llegó a Barajas a las 11.25 horas, desde donde previsiblemente acudió a la Zarzuela. El abogado Mario Pascual Vives declaró que la vio preocupada por la situación de su marido.

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