La Comunidad Autónoma de Baleares, personada como acusación particular en la pieza 25 del «caso Palma Arena», planea reclamar a Iñaki Urdangarín y al resto de imputados vinculados a éste en el grupo de entidades Nóos que devuelvan a las arcas públicas más de 2 millones supuestamente desviados. El Gobierno regional, a través de sus servicios jurídicos, se declara parte perjudicada por los delitos investigados.

El Ejecutivo autonómico se personó en el sumario del Palma Arena desde el primer momento, en 2009, cuando estaba regido por el PSOE-UM y el Bloc. Desde entonces, la abogacía de la comunidad ha colaborado activamente en las pesquisas y ha estado presente en interrogatorios y diligencias.

Con la llegada del PP surgieron dudas respecto a si se mantendría el Govern como acusación particular, se retiraría como parte o desarrollaría un tono poco belicista en el sumario. Las sombras se despejaron tras comprobarse que la abogacía seguía personada y no precisamente de manera pasiva. Posteriormente, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá ejerció la acusación particular en la primera pieza separada del Palma Arena objeto de juicio y pidió cárcel para Jaume Matas.

Los servicios jurídicos de la Administración autonómica siguen personados como acusación en las otras piezas del Palma Arena, entre ellas la 25, referente a los convenios y contratos que el Govern firmó, entre 2003 y 2007, con empresas, institutos y asociaciones del grupo Nóos, liderado por el yerno del Rey.

Los abogados autonómicos llevan semanas revisando las facturas aportadas por el grupo Nóos como justificantes del destino de los fondos públicos recibidos en esos años. La Policía, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción también se afanan en esa tarea. El objetivo es cuantificar, con la mayor precisión posible, la suma supuestamente malversada. Ayer mismo se volvieron a realizar registros en Barcelona.

El Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro impulsada por el esposo de la infanta Cristina, recibió 2,3 millones por dos foros. Las acusaciones sospechan que sólo una parte del dinero se destinó a los gastos de estos eventos, mientras que el grueso de los patrocinios del Govern, más aportaciones de anunciantes particulares, acabaron en los bolsillos de la cúpula del entramado societario. La Administración balear ya ha estimado en más de dos millones la suma que piensa reclamar a los imputados, entre ellos el duque de Palma. Esa suma podría aumentar si, conforme avanzan las pesquisas, se determina que el «conglomerado» Nóos también se enriqueció ilícitamente a costa de las arcas públicas con otros expedientes y eventos, como los 18 millones que Matas aportó al equipo ciclista Illes Balears, o los torneos de fútbol playa, tenis y trial financiados por la Fundación Illesport.

El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, aseguró, por su parte, que no hará «distingos» y que, por tanto, Urdangarín entrará el día 25 andando y no en coche a los Juzgados donde será interrogado, en calidad de imputado, por el juez José Castro, quien comparte que para el duque se debe establecer el «mismo régimen que para cualquier otro imputado». El abogado de Urdangarín espera que el instructor rechace la petición de Manos Limpias para que cite a declarar como imputada a doña Cristina.

Por último, el martes se conoció que Urdangarín se opuso a la orden que el Rey le transmitió por medio su emisario el conde de Fontao para que renunciara inmediatamente a sus cargos en la trama de Nóos. En su declaración como testigo el abogado Ramón Bergós cuenta que el duque se vio sorprendido y obligado por la orden de don Juan Carlos y que en la reunión del verano de 2006 en Barcelona llegó a discutir con José Manuel Romero, quien le instó a dejar la presidencia de Areté.