El Consejo de Ministros limitó ayer a 105.000 euros anuales el sueldo base de directivos de grandes empresas públicas -al que se añadirá una variable por objetivos- y suprimió además un centenar de consejeros, lo que supondrá un ahorro en dietas de un millón de euros. En el caso del presidente de Hunosa y su equipo el recorte salarial será del 23 por ciento, según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La portavoz del Gobierno puso como ejemplo la retribución del presidente de Hunosa, en la actualidad Juan Ramón García Secades, pero que cambiará previsiblemente el próximo día 24. Según Sáenz de Santamaría, el nuevo máximo responsable de la empresa minera estatal cobrará un 23% menos que su antecesor, sumando el salario fijo más la variable por objetivos -en el caso de que cobrara el porcentaje máximo-.

Otro ejemplo es el del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el mayor grupo de empresas del Estado y a la que pertenecen 17 compañías, entre ellas la propia Hunosa, RTVE, la Agencia Efe, Navantia. Según Sáenz de Santamaría, Ramón Aguirre cobrará un 22% menos que su predecesor. La Vicepresidenta rechazó cuantificar el montante que supondrá el recorte y los límites de los salarios, a expensas de que se realice la clasificación de las empresas y se ajusten las retribuciones.

En definitiva, los directivos de las empresas públicas medianas cobrarán como máximo un sueldo básico de 80.000 euros al año y las de menor dimensión 55.000. El porcentaje medio de bajada estará entre un 25 y un 30 por ciento, pero podrá llegar al 35 en las más pequeñas. Así lo aseguró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien explicó que la retribución será «sensiblemente menor» que en la empresa privada, pero «razonable y suficiente» para el sector público, según el criterio del Gobierno.

Al sueldo base se añadirá un complemento de puesto además de una variable ligada al cumplimiento de los objetivos de la entidad, con un límite máximo que fijará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y que todavía no ha sido determinado. «Por primera vez» esta variable estará estrictamente ligada al cumplimiento de dichos objetivos y por tanto «podrá perfectamente no ser cobrada», advirtió la portavoz del Gobierno.

Con esta retribución variable se busca «primar que vengan los mejores a hacerlo de la manera mejor posible», subrayó Sáenz de Santamaría. «Hemos buscado un equilibrio para garantizar que las empresas estarán dirigidas por personas de la suficiente solvencia», pero siempre teniendo muy presente que las cantidades actuales «no pueden sostenerse para el sector público», porque estos «son tiempos de austeridad», remachó la Vicepresidenta.

Para primar los criterios de transparencia, se establece la obligación de que todas las retribuciones se conozcan públicamente, según informa la agencia «Efe». Además, el sueldo final fijado incluirá retribuciones en especie, con lo que se acaba con la «práctica habitual» de añadir a los sueldos el pago de vivienda, manutención, seguros, etcétera.

Además, se suprimirán «al menos y de entrada» un centenar de consejeros del sector público empresarial, ya que se limita a quince el número de consejeros en grandes empresas públicas, a doce el de las medianas y a nueve el de las pequeñas. Esto conllevará un ahorro de un millón de euros en dietas, explicó la portavoz del Gobierno, que sin embargo no concretó el ahorro global de la bajada de sueldos públicos, ya que está pendiente del desarrollo del decreto. Como ejemplo, Sáenz de Santamaría citó el caso de Tragsa que tiene en la actualidad 22 consejeros, que quedan reducidos a 15. El Gobierno abordará una reducción del sector público empresarial a nivel estatal, en paralelo a los autonómicos y locales.