Las comunidades autónomas y los ayuntamientos recibirán 35.000 millones en un préstamo sindicado a diez años y a un interés cercano al 5 por ciento para pagar las facturas pendientes a sus proveedores. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que este plan aprobado ayer por el Consejo de Ministros es «la operación financiera más importante que se ha realizado en España» y en la que participarán «prácticamente todos los bancos», incluido el Instituto de Crédito Oficial.
Del importe total del préstamo sindicado, unos 20.000 millones se destinan a los ayuntamientos y el resto a las comunidades. El plazo será de diez años con dos de carencia en el que las administraciones autonómicas y locales podrán pagar sólo los intereses. El tipo de interés será el del bono del Tesoro a cinco años más 115 puntos básicos, lo que lo sitúa ahora en el 4,70%, según informa la agencia «Efe». De Guindos aclaró que el Tesoro refinanciará la operación para extender la vida del préstamo hasta los diez años, frente a los cinco a los que presta la banca.
El plan «supondrá un alivio importantísimo y tendrá su impacto en el crecimiento», porque se inyecta liquidez en un momento en que las pymes están sometidas a un doble estrangulamiento», que es la restricción crediticia y el impago de las deudas de «muchas administraciones territoriales», destacó De Guindos. El Ministro agregó que la emisión estará avalada por el Tesoro y contará con el «contraaval» de los ingresos estatales de las regiones y corporaciones locales.
«Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente. Será la tónica general» para erradicar la morosidad que se ha llevado por delante a muchas empresas y puestos de trabajo, advirtió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La número dos del Gobierno subrayó que es un plan «clave» para dar confianza y estimular la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos.
Sáenz de Santamaría aseguró que las administraciones locales «podrán comenzar a pagar de forma inmediata a los proveedores las facturas pendientes», una medida que se hará extensible el próximo martes a las comunidades. Además, el plan irá acompañado de otro de ajuste para garantizar que las entidades locales acomoden sus ingresos y gastos a una senda sostenible. La Vicepresidenta recordó que la semana pasada se aprobó un real decreto por el que los ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo la lista de facturas pendientes a fecha de 31 de diciembre.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, hizo hincapié en que el objetivo es que no se vuelva a repetir la morosidad de las administraciones. «En un país serio» como España hay que evitar que las deudas comerciales se acumulen «como si fuera una balsa», porque ello pone en riego la financiación de los servicios públicos.
«Este plan introduce los criterios de austeridad máxima, de control máximo y de garantías máximas de las administraciones públicas de España», concluyó Montoro.
