El empresario José Luis Ulibarri, imputado en el «caso Gürtel», ha solicitado a la Audiencia Nacional que archive la causa que se sigue contra él en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a 11 años de inhabilitación al ex magistrado Baltasar Garzón por autorizar las escuchas en prisión de los líderes de la trama con sus abogados.

El defensor de Ulibarri, Ignacio Peláez, presentó un escrito en el que reclama la nulidad de todas las actuaciones debido a la ilegalidad de las escuchas autorizadas por Garzón. Se trata de la primera petición en este sentido que ha recibido el nuevo instructor del procedimiento, Pablo Ruz.

La sentencia del Supremo, dictada el pasado 9 de febrero, estableció que la decisión de Garzón de intervenir las conversaciones en la cárcel fue «injusta», porque «laminó» de forma «arbitraria y sustancial» el derecho de defensa de los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, «sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable». Con esta decisión, según el tribunal, Garzón colocó todo el proceso penal español «a la altura de regímenes totalitarios».

A partir de este argumento la defensa de Ulibarri rechaza en su escrito, del que el juez Ruz ya ha dado traslado a la Fiscalía, que las fiscales Concha Sabadell y Miryam Segura se encargaran de expurgar las conversaciones, y añade que la Unidad Contra la Delincuencia Económica y Financiera nunca debió solicitar una medida de tal gravedad sin hacerlo por escrito.

Peláez, autor de la querella inicial que dio origen a la causa de las escuchas de la «Gürtel» que llevó a Garzón a ser condenado por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales, ya solicitó de forma infructuosa la nulidad de las actuaciones contra su cliente al instructor de la causa en el Tribunal de Madrid, Antonio Pedreira.

Por otra parte, la constructora Teconsa -investigada en el marco del «caso Gürtel» por la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en julio de 2006-, según admitió su directivo Rafael Martínez Molinero ante el juez Ruz, cobró facturas completas a las empresas a las que subcontrató para estos trabajos un mes antes de que se llevaran a cabo. Teconsa cobró 7 millones de la TV valenciana. El jueves Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, el yerno del ex presidente Aznar, dijo al juez que recibió 600.000 euros de la «red Gürtel» para una operación urbanística en Alicante.

Por último, el presidente balear, José Ramón Bauza dijo sobre Juame Matas que «una persona corrupta nunca es de los nuestros».