Cádiz / Almería, Agencias

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió ayer a los andaluces que el 25-M le digan a la derecha que no quieren «más engaños», porque el PP ha demostrado que «utiliza la crisis para vender la mercancía conservadora de siempre».

El líder socialista quiso sumarse a la campaña electoral andaluza con un mitin celebrado en Chiclana de la Frontera (Cádiz), en el que advirtió de que el candidato socialista, José Antonio Griñán, «será el defensor de los andaluces ante Rajoy», mientras que el candidato popular, Javier Arenas, «será el defensor de Rajoy ante los andaluces.

Pérez Rubalcaba señaló que ahora «conocemos perfectamente» el proyecto del PP y «todas las mentiras que dijeron» en la campaña electoral de las municipales y autonómicas de mayo y de las generales de noviembre.

«Nos han engañado dos veces y Arenas no es diferente», aseguró tras afirmar que «hoy sabemos que la única libertad que el PP está dispuesto a defender es la del despido y el único derecho que está dispuesto a proteger es el de los empresarios a despedir».

En Almería, junto a Arenas, Rajoy anunció que su Gobierno va a seguir con la puesta en marcha de las reformas, aunque «con prudencia» y explicándolas, porque «la mayor irresponsabilidad» sería «no gobernar, no decidir, y no situarse en la realidad».

El presidente del Gobierno advirtió de que Andalucía «no son los ERE» ni «unos señores que están hoy en las primeras páginas» de los periódicos, en alusión a la decisión de la juez Alaya de enviar a prisión al ex director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero.

«Andalucía es una tierra que quiere algo normal: que se gobierne bien, que se le respete y se den soluciones a su tierra», agregó.

Según el jefe del Ejecutivo, el cambio es «gestionar bien el dinero de todos, cuidar el dinero del contribuyente», como lo es también respetar a los que pagan impuestos, y cuidar bien de su dinero «porque cuesta mucho ganarlo».

Por su parte, pero en la misma línea, Arenas afirmó que el escándalo de los ERE irregulares «alcanza a dos presidentes de la Junta», que deben «responder» sobre el reparto «en secreto» del «dinero público solo a los amigos del poder».