El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, que investiga al ex ministro José Blanco por cohecho y tráfico de influencias, ha acordado levantar el secreto del sumario de la llamada «operación Campeón», una vez que la juez de Lugo, instructora del caso, adoptó la semana pasada la misma decisión.
A la vez, el alcalde de Lugo, el socialista José Antonio López Orozco, ha sido imputado en la «operación Campeón» y tendrá que prestar declaración ante la juez Estela San José por prevaricación, el día 23. «No sé qué hice para tal cosa», dijo el regidor, quien deduce que la cita se debe a las declaraciones de Jorge Dorribo, el principal imputado, «no sé si por las antigüedades», por «las licencias que se otorgaron» o por las licencias para la nave de Nupel en el polígono de O Ceao.
«Es una buena oportunidad para explicar a la juez que las licencias cumplen todos los requisitos que tienen que cumplir las licencias, que es un acto reglado. Y, por tanto, si es así tendré la oportunidad de poder explicarlo», aseguró López Orozco.
El instructor en el Supremo, por su parte, interrogará hoy en calidad de testigos ante Soriano al ex secretario de Estado de Transportes Isaías Táboas y al ex director del gabinete del ex ministro de Fomento Javier Hurtado Domínguez. Ambos fueron mencionados por el propio Blanco en su declaración del pasado día 26 ante el alto tribunal como las personas con las que se puso en contacto tras ser inquirido por el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, en relación con la marcha de permisos para sus actividades empresariales.
Blanco reconoció ante el instructor que en una ocasión preguntó a su jefe de gabinete sobre el estado de un expediente relacionado con la ampliación de infraestructuras de Azkar y la creación de 400 puestos de trabajo. Su colaborador le informó de que la media de tramitación era de 3 o 4 meses y éste llevaba seis meses sin informe en contra y sin objeción administrativa, «y que en 15 días lo resolvería».
En este punto, el ex ministro de Fomento justificó su conducta porque «la responsabilidad de un administrador público es agilizar los procesos y facilitar sobre todo cuando se trata de crear empleos». Además, Blanco también reconoció ante el Supremo que Orozco le preguntó sobre la agilización de unas licencias para construir una nave en Barcelona.
Hasta ahora el juez del Supremo ha tomado declaración a Blanco, que negó haber recibido dinero de Dorribo a cambio de favorecer sus negocios; al propio empresario, que ratificó su acusación, y al primo del ex ministro, Manuel Bran, que aseguró que nunca pidió o recibió dinero para el diputado socialista. Además, ha declarado José Antonio Orozco, vicepresidente de Azkar y socio de Dorribo.
Oriol Pujol Ferrusola, actual portavoz de CiU en el Parlamento catalán e hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, aparece en un documento de la fiscalía de Lugo obrante en el sumario como contacto de Dorribo para tratar de introducirse en la sanidad catalana.
