Palma, Felipe ARMENDÁRIZ

La Agencia Tributaria ha abierto a Iñaki Urdangarín, y otros tres imputados en la pieza 25 del «caso Palma Arena», una supuesta trama de desvío de fondos públicos, sendos expedientes por fraude fiscal. Las investigaciones administrativas se han iniciado a raíz de los datos descubiertos por las pesquisas judiciales sobre el duque de Palma y sus antiguos socios y colaboradores en el Instituto Nóos.

La inspección fiscal está tratando de comprobar la legalidad de algunas operaciones donde intervinieron empresas de Urdangarín; su ex socio, y antigua mano derecha, Diego Torres; la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y Salvador Trinxet, un asesor externo en materia tributaria del grupo Nóos.

En los últimos meses el cruce de datos entre el Juzgado de instrucción 3 de Palma, el grupo de delitos económicos de la Policía, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria sobre el duque de Palma y los otros encausados ha sido intensísimo y constante.

De forma paralela a las pesquisas judiciales sobre los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales, manipulación de concursos públicos (fraude a la Administración), Hacienda trata de determinar si se eludió el pago de impuestos a través de sociedades pantalla, facturas inveraces, o movimientos de fondos con tránsito, o destino, en paraísos fiscales.

Billetes de 500 euros

Hacienda detectó una sospechosa operación entre Aizoon, la consultoría e inmobiliaria de Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina, y el Instituto Nóos, ocurrida en 2008. Consistió en una salida de 147.800 euros en billetes de quinientos y cien euros de una cuenta de Nóos, extracción efectuada por Ana María Tejeiro. La imputada, al cabo de pocos días, volvió a ingresar esos billetes en la cuenta, pero más tarde, y usando una chequera, extrajo idéntica cantidad. Urdangarín asegura que le robaron ese talonario.

Torres, a requerimiento de los inspectores de Hacienda, ha admitido que ese dinero estaba destinado a saldar una deuda con Aizoon, pendiente desde 2005. El ex número dos de Nóos añadió que, por diferencias con Urdangarín sobre la cuantía de la deuda, la factura no se pagó y él se quedó el dinero.

Torres, para evitar males mayores con Hacienda, se dio de alta el año pasado como empresario con efectos para el último trimestre del 2008, pagó el IVA de aquella operación e hizo una declaración de la renta complementaria.

El yerno del Rey, en su extensa declaración de febrero, admitió estar «sometido a una inspección fiscal» para la que ha contratado asesores diferentes de los que tuvo entre 2003 y 2011. «Estos asesores fiscales son distintos de los señores Tejeiro (Marco y Miguel) y en su momento se resolverá lo que proceda», precisó el yerno del Rey.

Urdangarín, además de las sospechas sobre evasión de fondos, es investigado por cargar a Aizoon gastos personales propios o de su mujer. «Yo dejé en manos de mis asesores anotar esos gastos o no», manifestó.

El cuarto encausado objeto de inspección fiscal es Salvador Trinxet, un abogado barcelonés experto en tributación internacional y que facilitó al grupo Nóos dos supuestos entramados empresariales para evadir impuestos. Trinxet ha reconocido que vendió a Miguel Tejeiro las estructuras de De Goes Center y Vikram, supuestamente dos tramas destinadas a evadir el pago de impuestos trasladando los beneficios del grupo Nóos a paraísos fiscales.

Hacienda rastrea 22 empresas en las que Trinxet figura como administrador, partícipe o titular de cuentas, y que podrían ser «tramas-nido». Tres de estas sociedades ya fueron investigadas entre 2007 y 2009 por la inspección fiscal.

Por otro lado, Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarín, anunció ayer en Barcelona que no hará más declaraciones, al valorar de «pirotecnia informativa», el tratamiento dado al caso.

Malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental serían los cuatro delitos por los que el juez instructor acabará por sentar en el banquillo de los acusados a Iñaki Urdangarín.

Los investigadores consideran acreditados esos cuatro delitos para juzgar al duque de Palma, según una información publicada ayer y atribuida a fuentes próximas al caso.

El delito de malversación se refiere a que Urdangarín y su socio Diego Torres se embolsaron la mitad de los seis millones de dinero público recibidos para organizar unos eventos que costaron la mitad, y que lo hicieron a través de una sociedad sin ánimo de lucro.

En cuanto a la prevaricación, cabe recordar que esos seis millones provienen de contratos con la Administración que logró sin concurso previo, aprovechándose de la imagen de la Familia Real, según declaró Jaume Matas.

La falsedad documental se detecta en el desvío de gran parte de ese dinero a empresas privadas de su propiedad a través del Instituto Nóos.

En cuanto al fraude a la Administración, se detecta en el hecho de que el duque negoció con los gobernantes de Baleares y Valencia convenios por servicios que no se prestaron.

Por último, la Audiencia de Palma notificará hoy la sentencia sobre el primer juicio del «caso Palma Arena», por el que se han sentado en el banquillo el ex presidente balear Jaume Matas y otras cinco personas y para quien el fiscal pidió ocho años de cárcel.