La futura ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obligará a todas las administraciones a responder en el plazo de un mes las consultas de los ciudadanos y castigará con hasta diez años de inhabilitación a los cargos que falseen las cuentas o oculten datos contables.
El anteproyecto de la ley, acompañado de una reforma del Código Penal, ha llegado este viernes al Consejo de Ministros y se publicará a partir del lunes en la página web del Ministerio de la Presidencia (www.mpr.es) para que durante quince días los ciudadanos puedan aportar sugerencias.
Entre las novedades de la norma destaca el código de buen gobierno que deberán respetar todos los altos cargos de la administración general del Estado, las comunidades y los ayuntamientos, y el régimen de infracciones y sanciones para quienes lo incumplan.
Por vez primera, ha destacado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se regulan infracciones en materia de gestión económica y presupuestaria que, en los casos más graves, serán consideradas delito y conllevarán una pena de inhabilitación de hasta diez años y multa.
Será éste el castigo, por ejemplo, para los cargos públicos que falseen las cuentas y oculten datos de naturaleza contable.
Otras infracciones también graves o muy graves, aunque no sean delito, serán sancionadas y podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de ser nombrados para otro durante un periodo de entre cinco y diez años.
Se castigará así la administración de los recursos públicos sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; los compromisos de gasto o los pagos sin crédito suficiente o que incumplan la ley presupuestaria; o la ausencia de justificación de las subvenciones.
También se castigará el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria cuando deliberadamente no se reduzca la deuda, no se faciliten los planes de ajuste exigidos o se incumplan las medidas de corrección fijadas en esos programas de reequilibrio.
Se busca "que todas las administraciones cumplan, sean respetuosas y transparentes en la gestión de los fondos públicos y que todos y cada uno de los gestores públicos, y en particular los altos cargos, respondan con carácter personal de su conducta", según Sáenz de Santamaría, que ha dicho que el procedimiento sancionador podrá ponerse en marcha a petición de cualquier particular.
En un momento de tensiones financieras, ha añadido, la ley deja también claro que España "va en serio" con sus compromisos de déficit y deuda.
Se regularán asimismo las infracciones de quienes incumplan la normativa en materia de conflicto de intereses, y se harán públicas las resoluciones sobre incompatibilidades de los altos cargos.
Otro capítulo central de la norma obliga a todas las administraciones, instituciones y empresas públicas -la Casa Real queda al margen- a la "publicidad activa", es decir, a publicar sin que haya solicitud previa información de interés, algo que el Gobierno hará a través de un "Portal de la Transparencia".
Serán públicos, por ejemplo, los más mínimos detalles de los contratos públicos y de las adjudicaciones, las subvenciones, los convenios y las retribuciones de los altos cargos.
Además se regula por vez primera el derecho constitucional a acceder a la información de las instituciones públicas, con el único límite de que se respete la protección de datos de carácter personal y que no se vea afectada la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la persecución de las infracciones.
Cuando se deniegue una información, el ciudadano podrá recurrir a la Agencia de la transparencia, evaluación de las políticas públicas y calidad de los servicios, cuya dirección, para garantizar su independencia, podrá ser vetada por la mayoría absoluta del Congreso. La última instancia serán los tribunales.
La mayoría de los países occidentales cuentan ya con una ley en esta línea, que quiere mejorar la credibilidad de las instituciones públicas y generar confianza entre los ciudadanos, ha destacado la vicepresidenta.
La norma, ha subrayado, busca eliminar comportamientos opacos de la administración e impone "férreas" obligaciones de buen gobierno con principios éticos y de actuación.
El Ejecutivo ha aprovechado también el anteproyecto para permitir que en los presupuestos generales del Estado se establezca un baremo de retribuciones para los órganos de gobierno de las entidades locales, lo que, previsiblemente, obligará a los alcaldes mejor pagados a bajarse el sueldo.
El objetivo del Gobierno es que la ley entre en vigor cuanto antes, aunque Sáenz de Santamaría ha reconocido que no habrá tiempo para tramitarla antes del verano y ha avanzado además que se dará un plazo a las administraciones para adaptarse a ella.
