Los cargos que oculten o falseen datos podrán ser inhabilitados hasta 10 años

El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La norma obligará a las tres administraciones (central, autonómica y municipal) a responder en un mes las consultas de los ciudadanos y castigará con hasta 10 años de inhabilitación a los cargos que falseen las cuentas u oculten datos contables.

La ley incluye un código de buen gobierno que habrán de respetar los altos cargos de todas las administraciones y un régimen de infracciones y sanciones para aquellos que lo incumplan.

El Ejecutivo quiere que la ley entre en vigor cuanto antes, aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue quien ayer la presentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, admitió que no habrá tiempo para tramitarla antes del verano.

Sáenz de Santamaría destacó que por primera vez se regulan infracciones en materia de gestión económica y presupuestaria que, en los casos más graves, serán consideradas delito y acarrearán al infractor penas de inhabilitación de hasta 10 años y multas. Será éste el castigo, por ejemplo, para los cargos públicos que falseen las cuentas y oculten datos de naturaleza contable.

Otras infracciones también graves o muy graves, aunque no sean delito, serán sancionadas y podrán llevar aparejada la destitución de los cargos públicos y la imposibilidad de ser nombrados para otro durante un periodo de entre 5 y 10 años.

Se castigará así la administración de los recursos públicos sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro; los compromisos de gasto o los pagos sin crédito suficiente o que incumplan la ley presupuestaria, o la ausencia de justificación de las subvenciones.

También se castigará el incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria cuando deliberadamente no se reduzca la deuda, no se faciliten los planes de ajuste exigidos o se incumplan las medidas de corrección fijadas en esos programas de reequilibrio. Todo ello, de paso, para dejar claro que España «va en serio» con sus compromisos de déficit y deuda, dijo la Vicepresidenta.

Se busca «que todas las administraciones cumplan, sean respetuosas y transparentes en la gestión de los fondos públicos y que todos y cada uno de los gestores públicos y, en particular, los altos cargos, respondan con carácter personal de su conducta», según la Vicepresidenta, que dijo que el procedimiento sancionador podrá ponerse en marcha a petición de cualquier particular.

Se regularán, asimismo, las infracciones de quienes incumplan la normativa en materia de conflicto de intereses, y se harán públicas las resoluciones sobre incompatibilidades de los altos cargos.

Otro capítulo central de la norma obliga a todas las administraciones, instituciones y empresas públicas -la Casa del Rey queda al margen- a la «publicidad activa», es decir, a publicar sin que haya solicitud previa información de interés, algo que el Gobierno hará a través de un «portal de la transparencia». Serán públicos, por ejemplo, los más mínimos detalles de los contratos públicos y de las adjudicaciones, las subvenciones, los convenios y las retribuciones de los altos cargos.

Además se regula por vez primera el derecho constitucional a acceder a la información de las instituciones públicas, con el único límite de que se respete la protección de datos de carácter personal y que no se vea afectada la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la persecución de las infracciones.