La defensa de los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga, condenados a 10 años de cárcel por intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna, ha pedido al Tribunal Supremo que les absuelva porque actuaban al margen de ETA, "cuando no en contra de la organización", cuyas directrices no seguían.
Así lo han planteado durante la vista celebrada hoy en el Supremo para estudiar los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que, en septiembre del pasado año, también condenó a ocho años de cárcel a Miren Zabaleta, la extesorera del PCTV Sonia Jacinto y el responsable de Haika en Álava Arkaitz Rodríguez.
Tanto la abogada de Otegi, Jone Goirizelaia, como el de Usabiaga, Iñigo Iruin, han pedido la absolución e inmediata puesta en libertad de sus defendidos, al considerar que no hay ninguna prueba del delito de pertenencia a ETA por el que fueron condenados.
Iruin ha resaltado que si la no condena de la violencia no es suficiente para ilegalizar un partido, tampoco puede serlo para condenar en una causa penal.
"No cabe una visión estática de la izquierda abertzale", ha dicho el letrado tras recalcar que el análisis de la prueba debe hacerse no sólo mirando hacia atrás, sino también hacia delante, mientras que la Audiencia ha desdeñado el futuro, en alusión al nuevo panorama político abierto por el alto el fuego de ETA.
Por su parte, Goirizelaia, ha reclamado la repetición del juicio por la falta de imparcialidad de la juez de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que presidió el tribunal que condenó a Otegi.
La abogada ha recordado que el propio TS ya anuló la condena a 2 años de prisión impuesta a Otegi por enaltecer al etarra José María Sagarduy, en una causa en la que finalmente fue absuelto, por la "parcialidad" de la misma magistrada que exteriorizó "un prejuicio acerca de su culpabilidad" al preguntar al exportavoz de Batasuna si condenaba la violencia de ETA.
Esa parcialidad, según Goirizelaia, la volvió a demostrar Murillo cuando en un juicio a tres etarras, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu "Txapote", a los que se refirió como "cabrones".
Además, ha mantenido que no hay ni un sólo dato que pueda sustentar la condena a Otegi como integrante y dirigente de ETA y que es imposible que, como afirma la sentencia, el dirigente abertzale actuara subordinado a la organización y al mismo tiempo diera las órdenes.
Las defensas han coincidido también en lamentar las contradicciones de una sentencia que basó su condena en el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de Bateragune, pero reconoció que, aunque ese grupo existe, no era la denominación de la plataforma en la que se integraban los acusados.
La Fiscalía y la acusación popular, que ejerce la asociación Voces contra el Terrorismo (VCT), han pedido al Supremo que mantenga la condena a Otegi y Usabiaga, por considerar suficientemente probado que actuaban subordinados a las directrices de la organización terrorista y han rechazado las dudas de la imparcialidad sobre el tribunal.
En nombre de VCT, el abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, ha dicho, en respuesta a los argumentos de la defensa: "Ya hemos visto lo que ha pasado con otras treguas".
Al término de la vista, los magistrados de la sala, presidida por Juan Saavedra y compuesta también por José Manuel Maza, Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo y Alberto Jorge Barreiro han celebrado la primera deliberación, que retomarán próximamente, sin que se haya señalado la fecha de la siguiente reunión del tribunal.
A la vista pública han asistido varias víctimas del terrorismo, entre ellas la madre de Irene Villa, María Jesús González, el exconcejal de Llodio (Álava) Santiago Abascal y el presidente de VCT, Francisco José Alcaraz.
Entre el público presente en la sala también se encontraba el diputado de Amaiur Ion Iñarritu
