Polémica sobre el aborto

El PSOE quiere conocer los casos de ´violencia estructural´

La diputada socialista Patricia Hernández pide al Gobierno que especifique cuántos casos acreditados existen

 01:10  

EP / MADRID La diputada del PSOE y vocal en la Comisión Parlamentaria de Igualdad, Patricia Hernández, pedirá al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, que especifique cuántos casos tiene acreditados el Ejecutivo de "violencia estructural" sobre las mujeres embarazadas, referida por el propio titular de Justicia hace escasas semanas ante el Pleno de la Cámara Baja, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles.

Precisamente, a comienzos de marzo el propio Ruíz-Gallardón se mostró dispuesto a comparecer ante la Cámara Baja para explicar cuáles son ese tipo de situaciones de "violencia estructural" en embarazadas, después de que la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, anunciara que iba a pedir su comparecencia para que explicase cuál es esa "violencia estructural".

Violencia estructural

La secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, explicó por entonces en el Congreso que cuando se habla de "violencia de género estructural" se hace referencia a una violencia o presión que padecen algunas mujeres encinta en su entorno laboral, por el hecho de tener miedo de poder perder un puesto de trabajo o que no sean contratadas, por ejemplo, o bien una situación de exclusión social, como puede ser la inmigración.

Así, recordó, como ya hiciera Gallardón en varias ocasiones, que la reforma que pretende acometer el Gobierno sobre la Ley del Aborto va en la línea de la doctrina de 1985 del TC, al mismo tiempo que señaló que el propio Consejo de Estado avisó al PSOE en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de que "jamás la interrupción voluntaria del embarazo era un derecho".

Por otro lado, y en materia de Seguridad Vial, Ruíz-Gallardón deberá responder al portavoz del PNV en la Comisión de Justicia, Emilio Olabarria, sobre si considera pertinente que el Fiscal General del Estado dicte una instrucción de carácter general, exigiendo la adopción de medidas cautelares más coherentes con la finalidad de las mismas, en los supuestos en que se produzcan atropellos que produzcan la muerte de personas, por conductores ebrios que posteriormente se den a la fuga.

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