El Tribunal Supremo ha aplazado sin fecha su decisión sobre el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga, condenados por la Audiencia Nacional a 10 años de cárcel por intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna. La defensa pidió su absolución porque actuaban al margen de ETA, «cuando no en contra de la organización», cuyas directrices no seguían, mientras el fiscal solicitó que se confirme la pena de prisión.

Tanto la abogada de Otegi, Jone Goirizelaia, como el de Usabiaga, Iñigo Iruin, han pedido la inmediata puesta en libertad de sus defendidos, al considerar que no hay ninguna prueba del delito de pertenencia a ETA por el que fueron condenados. Goirizelaia reclamó la repetición del juicio por la falta de imparcialidad de la juez Ángela Murillo, que presidió el tribunal que condenó a Otegi.

Por su parte, el pleno del Tribunal Constitucional estudia desde el lunes anular la llamada «doctrina Parot» (la reducción se aplica al total de la condena y no al tope legal a cumplir) para al menos unos 30 presos de ETA. Los magistrados tienen sobre la mesa los recursos de terroristas encarcelados y al menos en seis existía una liquidación de condena. El resto hasta otros 58 se resolverá en otra tanda. La previsión es que en estos 30 supuestos el TC falle a favor y queden en libertad. Se trata de presos a los se fijó en firme una fecha para su salida de prisión antes de aplicarles esta doctrina. La intención es la de afrontar este asunto con el máximo consenso.