La contundente advertencia del Gobierno de Mariano Rajoy de que responderá «a cualquier agresión contra Repsol», esgrimiendo la amenaza de la ruptura, y sus gestiones para asegurarse el respaldo de sus socios de la Unión Europa en la adopción de medidas de represalia llevaron ayer al Ejecutivo argentino a aplazar la consumación de su amenaza para expropiar la petrolera YPF, la mayor filial de la compañía española.

Ningún alto funcionario argentino se refirió ayer al conflicto ni respondió a los avisos de Madrid y Bruselas, después de que el Ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández redactara el jueves un decreto en el que declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación» el 50,01 por ciento del capital de YPF, en manos del grupo argentino Petersen (25,46 por ciento) y de Repsol (57,43%).

«Las medidas no se anuncian, se adoptan. Espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero, indudablemente, si tiene que hacerlo lo hará», advirtió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría después de que fuera llamado a capítulo el embajador argentino, Carlos Bettini, por la acometida de Cristina Fernández para nacionalizar YPF. La número dos de Rajoy rehusó detallar qué acciones se llevarán a cabo y subrayó que la obligación del Ejecutivo es «defender con todos los instrumentos a su alcance los intereses generales de España».

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, también dejó claro que el Ejecutivo no se va a quedar impasible ante decisiones que dañen a una empresa española. «Cualquier agresión que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerada una agresión contra el Gobierno español, que tomará las medidas oportunas», subrayó tras expresarle al embajador argentino la protesta española por este intento nacionalizador.

«El peor de los escenarios sería una ruptura y no sólo en términos económicos de las relaciones fraternales que mantienen ambos países», aseveró García-Margallo. Tras apelar al diálogo y a la negociación para solucionar el conflicto, el Ministro indicó que España ya ha solicitado apoyos a socios y aliados y que ha habido contactos con las autoridades comunitarias y con el Gobierno argentino.

El Ejecutivo español es muy pesimista sobre una marcha atrás de Cristina Fernández en su plan de expropiar Repsol. Por eso ha tocados todos los canales diplomáticos a su alcance para presionar a Buenos Aires. En concreto se ha conseguido que el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, telefoneara a la mandataria argentina. Además se ha llamado al departamento de Estado norteamericano; al Gobierno de México, que preside el G-20, y a Colombia, país anfitrión de la Cumbre de las Américas, a la que asiste Cristina Fernández.

La Comisión Europea dio su respaldo a Madrid y urgió a la presidenta Cristina Fernández a respetar sus compromisos con las inversiones extranjeras en su país, a la vez que le expresó su preocupación por sus planes nacionalizadores. «Nos ponemos del lado de España. Seguimos muy atentos esta situación y estamos aquí para defender en países extranjeros a los estados miembros o a compañías con su sede en Europa», declaró tajantemente el portavoz comunitario Olivier Bailly. El secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, avisó a Argentina de que se convertirá en un «apestado internacional» si rompe las reglas. El PSOE expresó ayer su apoyo a todas las gestiones del Gobierno en defensa de Repsol, mientras que IU le pidió que aparque su «actitud colonialista».

Repsol aseguró que no ha recibido notificación alguna de las autoridades argentinas sobre el futuro de YPF, que le aporta más de la mitad de su producción de hidrocarburos. Sus acciones cerraron con un descenso del 2,73%, hasta los 17,47 euros; mientras que las de YPF caían más del 4 % en Buenos Aires y un 5,32 % en Wall Street.

La decisión de expropiar la filial de Repsol parece tomada y que sólo está pendiente de las desavenencias del Gobierno argentino con las provincias petroleras. La presidenta Cristina Fernández guardó ayer silencio y podría hacer un anuncio sobre la decisión final a partir del martes de la próxima semana, tras regresar de la Cumbre de las Américas.

Si no hubiera una nacionalización a corto plazo, algunos analistas consideran que es «bastante probable que el Gobierno argentino vaya minando la rentabilidad de YPF a través de cambios regulatorios», como controles de precios o subidas de impuestos. De momento ese acoso ha hecho perder a la filial en cuatro meses el 30 por ciento de su valor bursátil. Detrás del plan nacionalizador está Axel Kicillof, viceministro de Economía.

La Unión Europea no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar a Argentina con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio, como el caso de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol.

«La UE no tiene ningún instrumento legal que invocar a este respecto frente a Argentina», indicaron fuentes de la Comisión Europea consultadas por «Efe». Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existen instrumentos legales.

«Legalmente se trata de un asunto bilateral y no hay un papel con base legal para la UE en relación con Argentina o cualquier otro mecanismo de arbitraje internacional bajo el BIT», según Bruselas.

Más de una docena de grandes firma españolas operan en Argentina, entre ellas el BBVA, el Santander, Telefónica, Indra y Gas Natural, Endesa, NH y Meliá, entre otras.

La petrolera YPF llevó a Repsol a situarse entre las grandes compañías del sector. Cayó dentro de la ola privatizadora de Carlos Menem (1989-1999) y en enero de 1999 Repsol entró en YPF al comprar al Estado argentino el 14,9% por unos 2.000 millones de dólares. En abril de ese mismo año, Repsol lanzó una oferta pública de adquisición por el resto del capital de YPF, que supuso valorar la compañía en unos 13.400 millones de dólares.

En 2007, el grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, compró el 14,9% de YPF a Repsol y en mayo de 2011 adquirió un 10% adicional. La petrolera, participada por Repsol en un 57,43%, es el primer contribuyente al fisco argentino, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores y miles de empleos indirectos.

Controla el 32 por ciento de la producción de hidrocarburos y el 23% de la de gas, según datos oficiales. Sus ganancias son casi la mitad de los beneficios mundiales del grupo español. YPF registró en 2011 una ganancia neta de 1.204 millones de dólares, un 8,5% menos que en 2010.