Luxemburgo, Agencias

España planteó ayer a sus socios de la Unión Europea toda una serie de medidas de presión sobre Argentina, incluida la opción de excluirla de las negociaciones comerciales con Mercosur, y confió en que esta estrategia haga que Buenos Aires acceda a dar a Repsol una indemnización «justa».

«Seguimos diciendo que lo mejor que puede ocurrir es que lleguemos a una solución negociada a través del diálogo», indicó el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, tras reunirse con sus homólogos europeos en Luxemburgo.

El objetivo, según el Ministro, debe ser que la petrolera española Repsol obtenga una compensación adecuada por la nacionalización de su participación mayoritaria en YPF, y que eso permita evitar un «choque de trenes» que tendría, a su juicio, consecuencias para todas las partes.

Recalcó que España «no está discutiendo la soberanía energética de Argentina» ni que Buenos Aires pueda expropiar empresas energéticas, sino que defiende la necesidad de que respete los cauces legales y pague el «justo precio».

Para ello, la estrategia española pasa por utilizar todo tipo de vías de presión, principalmente a través de la UE, que ayer reiteró su apoyo al Gobierno. Entre las medidas propuestas por España y que los Veintisiete se han comprometido a estudiar figura la posibilidad de activar reclamaciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y excluir a Argentina del sistema de preferencias generalizadas (SGP, ventajas arancelarias) antes de lo previsto, en enero de 2014.

Al mismo tiempo, García-Margallo planteó la opción de que la UE continúe la negociación del acuerdo de asociación con el Mercosur sin Argentina.

La Comisión Europea, que negocia con Mercosur en nombre de los Veintisiete, declinó hacer comentarios sobre esta posibilidad, según manifestaron a «Efe» fuentes comunitarias.

Al mismo tiempo, García-Margallo expresó sus sospechas sobre la posibilidad de que Argentina busque vender a un nuevo socio extranjero la parte de YPF que ha expropiado a Repsol, al considerar que no estará en posición de afrontar el pago de la deuda de la empresa y las inversiones para explotar el nuevo yacimiento de Vaca Muerta.

En caso de que se confirmen esas sospechas, según García-Margallo, «nos encontraríamos que no se produce una nacionalización, sino la sustitución de un socio español y europeo por un socio probablemente de otra nacionalidad», algo que sería una expropiación «arbitraria», «discrecional» y «contraria a los procedimientos legales».

La postura española ante la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol obtuvo el apoyo de sus socios europeos, explicó el ministro español al término del encuentro con la jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton.

Según fuentes comunitarias, varios ministros de Exteriores de la UE transmitieron su total apoyo a Madrid durante la reunión ministerial -entre ellos el británico William Hague-, mientras que algunos lo hicieron también en declaraciones a los periodistas.

De su lado, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, se declaró convencido de que Argentina no tomará represalias contra otras empresas españolas radicadas en su territorio.