Madrid, Agencias
Los ayuntamientos deberán presentar al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo el detalle de todas las facturas que adeudaban al sector privado hasta el pasado 31 de diciembre para que, posteriormente, puedan afrontar su pago a través de un plan de viabilidad que entrará en vigor en mayo.
Según avanzó ayer la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el nuevo sistema de financiación de impagados tendrá en cuenta como prioridad para su cobro la antigüedad de la factura y el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago. En todos los casos, los impagos han de referirse a contratos incluidos en el ámbito de la ley de Contratos del Sector Público.
Aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo en las principales entidades de crédito del país. Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con un plazo suficiente que asegure la viabilidad de la operación.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la Vicepresidenta indicó que se trata de poner «orden» y de conocer la cuantía de la deuda de los ayuntamientos por facturas pendientes, para que las administraciones públicas se sometan a un plan de viabilidad para cumplir con estas obligaciones, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.
Junto con ello, Santamaría adelantó una modificación «temporal y puntual» de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado con las que hacer frente a los pagos. Recordó la portavoz que la legislación actual no permitía que la Administración central aporte garantías a operaciones de esta naturaleza.
Una vez se den estos pasos, añadió, se establecerá el mecanismo financiero para hacer frente a los pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre el montante de la deuda comercial de las administraciones públicas.
En cualquier caso, la Vicepresidenta dijo que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudiará en un «plazo breve» y con «agilidad» dicho instrumento financiero. «Es una medida que está pensada para la muy delicada situación de las pymes y autónomos que se ven en condiciones muy difíciles por la morosidad de las administraciones públicas», subrayó la Vicepresidenta, tras afirmar que el Gobierno pretende clarificar esta situación «de una vez por todas».
En cuanto al instrumento financiero para facilitar el pago de las deudas con proveedores por parte de las comunidades autónomas, la Sáenz de Santamaría se limitó a indicar que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se analizará con los gobiernos autonómicos.
