08 de mayo de 2012
08.05.2012

«Nada se hizo de espaldas a la Junta», dice el principal imputado en el caso de los ERE

Guerrero admite que se realizaron «concesiones tácitas que no estaban en el papel» y que Chaves le pidió resolver «sí o sí» el conflicto en una empresa

08.03.2012 | 04:40
Guerrero (a la izquierda) llega a la sede de los Juzgados de Sevilla acompañado por su abogado, Fernando de Pablo.

Sevilla, Agencias


«Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas», afirmó ayer el ex director general de Trabajo andaluz ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya.


El principal imputado en el caso dijo a la juez que las presuntas irregularidades en las ayudas sin control eran conocidas por los sucesivos consejeros de Empleo, por toda la Junta de Andalucía y que incluso los consejeros se preocupaban por los fondos destinados a sus provincias de origen.


«Toda la Junta lo conocía, el Consejo de Gobierno y el presidente conocían el sistema porque era un dato objetivo»», aseguró Guerrero en una de sus respuestas, según dijeron a los periodistas abogados personados en la causa, informa «Efe».


Según estas fuentes, Guerrero declaró que los expedientes que él elaboró estaban completos, «y si ahora no lo están, es porque alguien los ha destruido». Alaya le pidió entonces que identificara al autor o autores de esa destrucción de documentos, y el imputado respondió que «su hipótesis es que han sido el consejero o viceconsejero» de Empleo.


Guerrero, según estos abogados, sólo negó enfáticamente con la cabeza cuando la juez le leyó los hechos que le imputa, entre ellos irse de copas y a consumir cocaína después de concluir la jornada laboral.


Guerrero agregó que cada consejero de la Junta se preocupaba por las ayudas a su provincia, y así, Gaspar Zarrías se interesaba por las de Jaén; Isaías Pérez Saldaña, por las de Huelva, y José Antonio Viera, por las de Sevilla.


En el caso de una de las empresas investigadas, Cárnicas Molina de Jaén, dijo que «se hicieron concesiones tácitas que no estaban en el papel» porque el principal objetivo era «mantener la paz social». Alaya imputa a Guerrero delitos de cohecho, malversación, prevaricación y tres de falsedad.


En respuesta a otra pregunta, ya en la sesión de la tarde, afirmó que en cierta ocasión el gabinete del presidente de la Junta, que entonces era Manuel Chaves, le pidió «solucionar sí o sí» el problema de la empresa cordobesa Bilore porque allí iba a celebrarse un acto político.


Además declaró que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá -también imputado- le dijo que había que solucionar el problema de la industria auxiliar naval de Cádiz, «lo que provocó un aumento de 26 millones en el presupuesto de la dirección general, que él no tenía», según las citadas fuentes.

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