En un desafío soberanista, el Ayuntamiento de Gerona, gobernado por CiU, aprobó una moción del grupo independentista Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a favor de la insumisión fiscal con el fin de que el Consistorio deje de pagar impuestos a la Agencia Tributaria española y liquidar con su equivalente catalana, así como animar a los ciudadanos y empresas que se quieran acoger a esta práctica.

Gerona es la primera capital que acuerda no pagar impuestos al Estado e insta a la Generalitat de Cataluña a introducir los cambios normativos para hacer viable la decisión con la que este Ayuntamiento se suma a otros municipios como Arenys de Munt que ya se han posicionado abiertamente en favor de la insumisión fiscal.

CiU y el PSC permitieron con su abstención que los independentistas e ICV sacaran adelante la iniciativa, frente a la oposición en solitario del PP. En cuanto sea posible, el Ayuntamiento de Gerona transferirá los ingresos derivados del IRPF y del IVA a la Agencia Tributaria de Cataluña, en vez de liquidar sus cuentas con el Estado, según informa la agencia «Efe».

Tras calificar de «injusta, insostenible», la situación tributaria de Cataluña, el portavoz independentista Jordi Navarro destacó que una ciudad como Gerona «sea valiente en la reivindicación de la soberanía». La Generalitat lanzó por su parte un guiño a los sectores soberanistas, al expresar su respeto hacia la insumisión fiscal de esta capital de provincia y saludando con simpatía el nacimiento de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), movimiento que pretende forzar un referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2014.

Lejos de la menor crítica, el portavoz Francesc Homs expresó su «respeto» hacia la decisión adoptada en Gerona, aunque aclaró que esa vía no forma parte de la hoja de ruta del Gobierno catalán, que pasa por defender el pacto fiscal y por crear instrumentos que puedan ayudar a este proceso, como por ejemplo la ley de consultas que la Cámara autonómica debatirá hoy.

«Como gobierno lo vemos con simpatía. Esto demuestra vitalidad e inconformismo de la sociedad civil de nuestro país, en favor de una causa que es la libertad de la nación catalana», llegó a afirmar el portavoz de la Generalitat. «Ya veremos en 2014 cómo se hace esta iniciativa y si el Govern debe implicarse», añadió.

La Generalitat estará por otra parte del lado de los ayuntamientos catalanes que decidan retirar la bandera española del balcón consistoria. Así lo dijo Homs, quien además tuvo palabras de reproche hacia la Delegación del Gobierno por considerar una prioridad el cumplimiento de la normativa que obliga a colgar la enseña nacional en las sedes de las corporaciones locales. El Ejecutivo de Artur Mas aseguró que se ofrecerá «asistencia jurídica e institucional» a aquellos ayuntamientos que se lo requieran.

Por último, el Ayuntamiento de Badalona ha decidido suprimir el registro municipal de uniones civiles aduciendo que la legislación actual lo hace innecesario y que su uso irregular «favorece la inmigración ilegal». Así lo aseguró en un comunicado de su alcalde, Xavier Garcia Albiol, del PP.