Sevilla, Agencias
La juez Mercedes Alaya, que en la madrugada de ayer envió a prisión a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, calcula que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.
En un auto de prisión al que tuvo acceso «Efe», la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que el ex director general, «en connivencia con otros», otorgó esa serie de ayudas «de manera manifiestamente injusta y arbitraria» para «favorecer a familiares, amigos o personas próximas» a su entorno o al de «altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE».
Todo ello «permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos» de la comunidad, dice Alaya, que enumera, entre otros, los 50 millones que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9 millones, aunque «el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas directas recibidas» tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la juez.
La fiscalía pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los 18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933 millones, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se pronunciará la próxima semana.
Al término de tres días de declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2.30 horas de la madrugada de ayer, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su «arraigo social y laboral» y porque «podría estar recibiendo presiones externas» para eludir ahora la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos «que no haya desvelado todavía».
«Es ahora cuando se comienza a conocer la gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge ese riesgo de fuga», sostiene Alaya.
Guerrero es el primero del medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral andaluza, acusaciones que reflejan «su absoluto y total desconocimiento de los principios de justicia e independencia que rigen la función jurisdiccional».
En su declaración, Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al ex presidente andaluz Manuel Chaves, al actual, José Antonio Griñán, e incluso a la portavoz de la Junta, Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso.
El auto cita entre el «largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado» a su ex chófer Juan Francisco Trujillo, a quien concedió 1,3 millones para unas iniciativas empresariales para las que «carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo» y otra ayuda de 122.649 euros para su madre. A su vez, Guerrero recibió del chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico y múltiples regalos, y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía «acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas públicas», según el auto.
Griñán recordó ayer que su Gobierno pidió hace «mucho tiempo» prisión para Guerrero y dijo que sus acusaciones no tienen consistencia, y Moreno juzgó «muy positivo» su encarcelamiento.
