El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que el Gobierno impulsará en el marco de la ley penitenciaria la que ha llamado vía «Nanclares», para propiciar que los terroristas se arrepientan y pidan perdón a sus víctimas.

Fernández Díaz dijo que se seguirá aplicando la ley con el criterio constitucional que establece «que las penas privativas de libertad están orientadas a la reinserción social». Añadió que «apoyará, impulsará y promoverá» «todo lo que signifique que los etarras se arrepientan, pidan perdón a las víctimas del terrorismo, se hagan cargo de las responsabilidades civiles accesorias a sus condenas y cumplan con todos los requisitos que la ley establece, para que puedan acogerse, en el marco de la ley, a los beneficios penitenciarios».

El Ministro advirtió de que son incompatibles las medidas de reinserción individual con pedir simultánea e indiscriminadamente el acercamiento de los presos. Mientras, las víctimas de ETA han reaccionado con rechazo o escepticismo a la noticia del nombramiento del parlamentario del PSE Jesús Loza como Comisionado para la Convivencia y Memoria, figura creada por el lendakari Patxi López. Desde la mayoritaria AVT rechazan de plano esta figura y además creen que «no es la persona más adecuada», desde la Fundación Miguel Blanco denuncian la «opacidad» del Ejecutivo vasco, mientras que desde Covite lo ven como «más de lo mismo».

Por último, la Audiencia Nacional ha apreciado «un error» en la reforma del Código Penal de 2010 que obligará a reducir la pena impuesta en casos de comisión de delitos de daños terroristas de cinco a tres años de cárcel. Según un auto en el que se revisa la situación de un condenado por este delito, Aliande Hernández, los artículos 263, 264 y 266 no establecen una pena agravada en el caso de que los daños sean de tipo terrorista.

Los daños ordinarios y los terroristas llevan en el Código Penal la misma pena (tres años), mientras que «los informáticos con incendio» sí revisten pena agravada de hasta cinco. Es «casi seguro que este efecto favorable al reo sea producto de un descuido del legislador», dicen los magistrados Fernando García Nicolás, Ángel Luis Hurtado y Enrique López.