21 de mayo de 2012
21.05.2012

La sentencia complica la situación procesal de Iñaki Urdangarín

La Audiencia ha dictaminado que obtener contratos públicos valiéndose de su posición es delictivo

21.03.2012 | 04:41

La primera sentencia del «caso Palma Arena» ha complicado, notablemente, la situación procesal de Iñaki Urdangarín y de Jaume Matas, imputados los dos en la pieza separada 25 y el segundo también en otras hijuelas del mismo sumario. El tribunal ha determinado que solicitar, y obtener, fondos públicos valiéndose de una posición ascendente sobre una autoridad es constitutivo de tráfico de influencias.


El duque de Palma es investigado por recibir, del Gobierno de Matas, 2,6 millones, gracias a tres contratos adjudicados sin concurso. Urdangarín, según propia confesión, corroborada por Matas, y por el ex director de Deportes, Pepote Ballester, planteó, entre 2003 y 2006, varias iniciativas a desarrollar por el Instituto Nóos, presidido por él. El ex presidente balear dijo que no pudo negarse a esas solicitudes «por venir de un miembro de la Familia Real, que, además, era duque de Palma».


La Audiencia ha declarado culpables a Jaume Matas y a Antonio Alemany de tráfico de influencias, puesto que el segundo se prevalió de su ascensión sobre el presidente para obtener una subvención del Gobierno insular destinada a crear la Agencia Balear de Noticias.


La sentencia también los condena por malversación de caudales, dado que parte de los fondos públicos entregados al segundo para redactar discursos presidenciales acabaron en manos de un tercero: la agencia «Nimbus».


En la pieza separada 25 se sospecha que buena parte de los 2,3 millones públicos pagados a Nóos se desviaron a los bolsillos de Urdangarín y Diego Torres. El que se hubieran celebrado los dos seminarios, al igual que la elaboración de los discursos para Matas por parte del veterano periodista y empresario, no es obstáculo, según la sala, para la comisión de una malversación, porque no todo el dinero público sirvió a los intereses generales. Cabe, según la Audiencia, justificar el destino del dinero público.

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