María Isabel Fernández y Marta Andón, encargadas de la contabilidad de la empresa Nupel, propiedad de Jorge Dorribo, quien asegura haber pagado 200.000 euros al ex ministro José Blanco por favores políticos, desvelaron ayer en el Tribunal Supremo la existencia de «contabilidad B» en esta farmacéutica, si bien dijeron desconocer si el dinero estaba destinado a sobornar a políticos.
La declaración de estas empleadas está incluida en la pieza que investiga la supuesta comisión por José Blanco de delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con la «operación Campeón».
María Isabel Fernández dijo no recordar la anotación de ningún pago con las siglas IFB, referidas a Blanco, ni que hubiera retirado una cantidad importante en billetes de 500 euros días antes del encuentro del entonces ministro y el empresario en la gasolinera. Tanto ella como Marta Andón aseguraron no haber visto jamás una «carpeta azul» donde se anotaban los pagos a políticos, como declaró Dorribo, quien en el Juzgado de Lugo donde está imputado ratificó todas sus acusaciones contra otros investigados.
Por último, el Consejo General del Poder Judicial investigará si el presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Ramón Varela Agrelo, presionó a la juez que instruye el «caso Campeón», Estela San José, para que le dijera si Dorribo le había incriminado en sus declaraciones. Así lo decidió ayer la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, que ha remitido al servicio de inspección del CGPJ la documentación enviada por el Tribunal Superior gallego que acompañaba al escrito en el que la juez San José advertía del posible comportamiento irregular de Varela.
