Madrid, Noelia LÓPEZ
La víspera de fin de año, apenas diez días después de llegar a la Moncloa, Mariano Rajoy dio la primera muestra de que la determinación iba a ser la seña de identidad de su gobierno. Con el argumento de una pésima herencia, Rajoy y su gabinete no dudaron en incumplir, en su primer Consejo de Ministros, una de sus principales promesas electorales: que nunca subirían impuestos.
El órdago del Presidente no sólo ha estado en medidas como la profunda reforma laboral, sino que incluso se lo echó a Bruselas cuando propuso un déficit para 2012 mayor del inicialmente comprometido, aunque luego tuvo que plegarse dócilmente a las exigencias de la Unión Europea.
En sus tres primeros meses el Ejecutivo de Rajoy no sólo ha presentado la reforma laboral, también ha planteado un drástico ajuste de gasto que obliga a repensar tanto la estructura de la Administración como los servicios que presta.
Para dar esos pasos, Rajoy se basta con la mayoría absoluta de la que dispone en el Congreso, pero también ha encontrado un fiel aliado en CiU, necesitado en Cataluña de la aquiescencia de los populares para poner en práctica su política de austeridad.
Rajoy ha decidido marcar distancias con el «optimismo antropológico» de su antecesor y ha apoyado sus reformas en un diagnóstico desesperanzado de la situación económica.
Con medidas como el freno a los desmedidos sueldos en entidades bancarias que reciben ayudas públicas o los planes de austeridad en el sector público, el Ejecutivo ha intentado paliar el rechazo a su programa de recortes.
Al frente de la Comisión delegada de Asuntos Económicos, Rajoy ha marcado la senda y ha zanjado las frecuentes discrepancias entre sus ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsable de diseñar los recortes, y de Economía, Luis de Guindos, encargado de defenderlos en el exterior.
En medio de toda esa marea de ajustes han quedado ocultas algunas decisiones importantes que llevaban meses aplazadas, como la «ley Sinde» o el emplazamiento del almacén de residuos nucleares. Los grandes proyectos ajenos a la economía tendrán que esperar.
