Madrid / Bilbao, Agencias

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se felicitó ayer del cumplimiento de seis meses desde que ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, pero precisó que deben ser los terroristas los que den los pasos hacia la normalidad democrática.

«Por parte de la Fiscalía General estamos y estaremos siempre donde debemos estar: cumplimiento estricto de la legalidad, respeto absoluto de los derechos fundamentales de todas las personas situadas en los procesos correspondientes y atención prioritaria a la situación de las víctimas de los delitos en general, y, especialmente, para las víctimas del terrorismo», añadió.

Los seis meses del cese de actividad de ETA han sido aprovechados por la izquierda aberzale para lanzar un duro mensaje al Gobierno. Su representante Maribi Ugarteburu acusó al PP «de abortar la posibilidad de alcanzar la paz mediante la resolución definitiva del conflicto político». Además, aseguró que los suyos responderán «con más proceso a la voluntad permanente de boicot del Estado, desde la acumulación de fuerzas y la movilización popular».

Para la izquierda aberzale, que se queja sobre todo, de que el Gobierno no tome medidas en favor de los presos etarras, el Ejecutivo no podría mantener esa actitud «con tanta soltura y tanta comodidad», «si no tuviera un acuerdo del PNV, del PSOE o IU, que en el Congreso», añadió, «le dan alas y carta blanca para hacer lo que quiera».

Precisamente ayer, Instituciones Penitenciarias anunció que trasladará a partir del lunes al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, el expediente favorable para la concesión de la libertad condicional al preso etarra José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, al cumplir los requisitos legales.

Las fuentes explicaron que Fernández Pérez, en tercer grado desde el 10 de febrero y que cumple condena en Basauri (Vizcaya), firmó su desvinculación de la banda terrorista, mostró su arrepentimiento y tiene cumplidas desde junio de 2011 las tres cuartas partes de pena.

Por su parte, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Maite Pagazaurtundúa, ha pedido a Argentina que muestre su rechazo el uso «injurioso» que hizo el etarra Mobutu, al comparecer el jueves en la Audiencia Nacional vistiendo una camiseta de la selección argentina, en apoyo a la expropiación de YPF.