La presidenta de la Comisión de Economía en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, aseguró ayer que la rebaja del sueldo de los funcionarios no es suficiente para conseguir que las administraciones públicas sean sostenibles sino que se debe llevar a cabo una «reestructuración» que supondría «a la fuerza» eliminar empleos, al menos los que correspondan a aquellas empresas públicas que crecieron «como setas» durante los años de «bonanza económica» y que hoy en día no son viables.

«Los salarios públicos tendrán que reducirse, pero su reducción no puede ser hasta que al final estén todos y cobren un 10 por ciento menos, porque no hay previsiones de que en un tiempo más adelante la Administración sea capaz de recabar más recursos, que por otra parte se los quita al sector privado y a los ciudadanos», aseguró la ex ministra en la Cope.

Elvira Rodríguez matizó que las reducciones de sueldo de los funcionarios, aunque necesarias, no son suficientes y por ello es «absolutamente imprescindible llevar a cabo una reforma de las administraciones para que bajen los gastos públicos», lo que conllevaría necesariamente la destrucción de empleos públicos.

«Esto es un puzle difícil de confeccionar pero tenemos que ser todos conscientes de que cada vez que se pide la reestructuración del sector público esto no es sencillamente que unos funcionarios vayan en turista o que viajen la mitad, que también, sino que la reestructuración va a llevar inexcusablemente pérdida de empleo público», explicó la diputada del PP.

Asimismo, aseveró que los puestos de trabajo a desaparecer «inexcusablemente» no tendrían que afectar necesariamente a los funcionarios. «No estoy hablando de funcionarios sino de empleos públicos, normalmente los que están en la periferia, en todas esas personificaciones, hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también, y a esto no queda otro remedio», añadió.

Preguntada sobre la fecha en la que podría estar lista dicha reforma en la que, según Rodríguez, ya trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la diputada popular aclaró que este tipo de reformas «globales» llevan «un poquito de tiempo», pero que es su intención que en 2013 comience a tener efecto sobre el presupuesto.

La secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, advirtió al Gobierno de que eliminar empleos públicos sería «lo peor» y «es precisamente el ajuste que no hay que hacer», y subrayó que esta posibilidad ya venía apuntada claramente en los Presupuestos Generales del Estado. Para los socialistas, es preferible «repartir el empleo», con reducciones de jornada o contratos a tiempo parcial.

Por otra parte, el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, ha planteado en el Congreso paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en las cárceles. «Lo único que hacemos es poner ingenio» y «no queda más alternativa que la seguridad privada», añadió.

Ulloa cuestionó que la labor de «mirar un monitor de seguridad» sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se preguntó si «la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario en otro lugar».