La Policía detiene a 150 personas e imputa a otras 277 por cobro fraudulento del paro

Madrid, Agencias


Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una macrooperación contra el cobro fraudulento del subsidio por desempleo que se ha traducido en el arresto de 150 personas y la imputación de otras 277, todas ellas implicadas en una trama de 30 empresas que ofrecían falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 y 500 euros. La macrooperación fue llevada a cabo en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén.


Gracias a los períodos de trabajo ficticio, más de 400 personas -en su mayoría de origen marroquí y asentadas en Cataluña- han podido regularizar su situación en España y percibir 2,6 millones del Servicio Público de Empleo Estatal, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.


El perjuicio total causado a las arcas del Estado asciende a 7,1 millones, dado que a las prestaciones fraudulentas hay que sumar la deuda de 4,5 millones de euros que las empresas, a nombre de testaferros y sin apenas actividad laboral real, contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los seguros sociales.


Uno de los detenidos, que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas.


La investigación se remonta a mediados de 2011, cuando la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó la existencia de una serie de empresas con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y, aparentemente, sin actividad laboral real.


Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 sociedades limitadas y 14 sociedades civiles particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo.


Las sociedades incumplieron «sistemáticamente y desde el inicio» de su actividad la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 4,5 millones.


En la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros «testaferros» procedentes de sectores marginales y de exclusión social.


Los domicilios sociales y de actividad empresarial facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran falsos. La red empresarial también se servía de varios profesionales de la gestión para canalizar la confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja y certificados de empresa.


Las actividades declaradas en el momento de la constitución de las empresas eran muy amplias, aunque finalmente eran inscritas en la Seguridad Social como únicamente dedicadas a la construcción y a la jardinería.


En total, el grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos períodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos períodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por desempleo por valor de un total de 2.667.000 euros.