El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, adelantó ayer que restringirá también el aborto en los casos de malformación o minusvalía del feto, un supuesto incluido de momento en la actual normativa, al considerar que se trata de una propuesta «éticamente inconcebible». El PSOE le acusó de amenazar a las mujeres «con una penalización total» de la interrupción del embarazo que «nos retrotrae a la clandestinidad y a la inseguridad sanitaria y jurídica».
La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.
Gallardón explicó que lo que pretende es que la legislación sobre el aborto vuelva a «un sistema de supuestos» anterior a la actual ley de plazos, si bien revisando «algunos aspectos» que ya estaban vigentes en años anteriores. Entre ellos, el Ministro destacó el caso de «desprotección al concebido» por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o malformación, un supuesto «éticamente inconcebible con el que se ha estado conviviendo durante tanto tiempo».
«Creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos», afirmó. El Ministro añadió que su objetivo es volver a la ley del Aborto anterior a la de plazos -con los supuestos indicados-, atendiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional en este apartado.
«El TC estableció una doctrina con relación a cómo debe regularse la protección del concebido y ha establecido que no siendo un valor absoluto la vida del concebido, y que hay supuestos en los que, entrando en conflicto con otros conflictos, el legislador opte por uno u otro, no es tampoco un valor que pueda ser desprotegido, que es, literalmente, lo que ha establecido una ley de plazos», dijo Gallardón.
El titular de Justicia aseguró que la legislación volverá a un sistema de supuestos, pero que «no será exactamente» el que estaba vigente con anterioridad a la normativa de plazos, puesto que «la experiencia demuestra» que algunos de esos aspectos deben ser revisados.
El PSOE expresó su rechazo frontal a los planes del Ministro, de los que dijo que son una «amenaza de una penalización total» que empuja a las mujeres «a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica». Elena Valenciano le acusó de volver «a la hipócrita España de los setenta», en alusión a las mujeres que viajaban a Londres para abortar y a las que tenían que hacerlo en España «en condiciones peligrosas» por falta de recursos. La Fundación de Mujeres consideró el anuncio del Gobierno «una gran tragedia» de las españolas. Gaspar Llamazares (IU) tildó a Gallardón de ser el ariete del fundamentalismo religioso.
La organización antiabortista Derecho a Vivir consideró «un progreso histórico» la supresión de este supuesto para abortar y pidió que se haga lo mismo con «el coladero» relativo al riesgo para la salud mental de la madre. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad valoró el anuncio de Gallardón y recordó que el aborto eugenésico por discapacidad es contrario a los derechos humanos al partir de que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa que la del resto.
