Mérida / Madrid, Agencias

Medio centenar de miembros del Colectivo la Trastienda y de la Plataforma por la Renta Básica en Extremadura entró ayer en un supermercado de Carrefour en Mérida, de cuyas cajas sacaron cuatro carros de alimentos básicos, de los que se incautó la Policía a la salida del centro. Los activistas corearon lemas como «el pueblo unido, jamás será vencido», repetidos también por los consumidores que a esa hora se encontraban en el centro, según un testigo.

En el asalto colaboraron también activistas del 15-M y el diputado de IU en la Asamblea de Extremadura Víctor Casco, así como el ex coordinador general de la coalición en la región Manuel Cañada.

Los asaltantes llenaron varios carros de la compra con alimentos de primera necesidad, como aceite, azúcar, arroz, pasta, leche y legumbres. Los participantes en la acción emularon de este modo otras del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), registradas a principios de agosto en Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz).

Fuentes del ministerio público explicaron, por su parte, a «Europa Press» que representantes de las fiscalías de Andalucía y Extremadura han celebrado reuniones en los últimos días para tomar medidas frente a los asaltos, como podría ser dictar órdenes de alejamiento de centros comerciales.

Por el momento, la acusación pública solicitará a los jueces de instrucción la imputación de las personas implicadas en delitos contra la propiedad. Sólo si la ola de asaltos continuase, los fiscales se plantearían pedir a los Juzgados la aprobación de las citadas medidas cautelares.

Por otra parte, el líder emblemático de este movimiento, el diputado autonómico de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, llamó «ridículo» al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por asegurar que la ocupación el miércoles de un palacio y finca en la provincia de Córdoba por el SAT fue una «patochada con una absolutamente connivencia» del propietario del lugar. «Yo no sé si estaría borracho el Ministro o es así de tonto», replicó Sánchez Gordillo, quien recordó que el SAT ha estado ocupando «durante 18 días» la finca de La Turquilla, que depende del Ministerio de Defensa, «y tardaron en denunciar siete u ocho días».