La pela es la pela y aunque desde el Gobierno de CiU y otros partidos independentistas vendan sólo beneficios para una Cataluña independiente, poco menos que un paraíso aislado entre tanta crisis económica, otros estudios que analizan otras posibles variantes y consecuencias de la secesión muestran que no todo lo que «España nos roba» va a revertir en una Cataluña independiente; incluso los empresarios catalanes han mostrado su preocupación ante una Cataluña independiente.

Cataluña ha abierto un nuevo frente de debate del Estado de autonómico. Si en lo que va de legislatura del PP, con el agravamiento de la crisis económica, se ha hablado sobre la reforma del modelo de organización territorial en el sentido de una mayor recentralización, incluso con la devolución de algunas competencias al Estado central, ahora el Gobierno catalán ha dado un paso más y ha saltado del autogobierno, de la independencia financiera y del pacto fiscal, a la secesión.

Pero esta situación ¿beneficiaría a Cataluña?, ¿a España? o ¿perderían ambas partes? Todo depende de los datos que se manejen. Parece que en la hipótesis de un «divorcio» amistoso, trasladando los datos de la situación actual, Cataluña sería la parte beneficiada, ya que con el actual sistema de financiación el Gobierno autónomo se siente discriminado al generar un déficit fiscal -diferencia entre lo aportado y lo recibido- de 16.409 millones. Es la tercera comunidad, tras Madrid y Baleares, que más recauda (un 19,7% más que la media), pero se sitúa en el puesto número ocho en el reparto, en la media de las comunidades autónomas.

La renta por habitante en Cataluña es de 27.430 euros anuales, frente a la media española de 23.271. Con un Estado propio, según los datos de la Fundació CatDem, vinculado a CiU, y con datos de 2009, Cataluña tendría un PIB per cápita de 28.200 euros, por encima de la media de la UE-15 (países que más se asemejan por sus características a la economía catalana). Se situaría detrás de Dinamarca y Suecia y muy por delante de España (sin Cataluña) que tendría un PIB de 23.541 euros.

Pero en esta apreciación no coincide el estudio realizado por Mikel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, quien considera que una Cataluña como Estado independiente sería mucho más pobre. Según este informe, en la actualidad la renta catalana por habitante está en torno a los 30.000 euros, pero tras la secesión se quedaría en 21.592, una media inferior a la española, que es de 24.020 euros, y se situaría al nivel de Grecia, Eslovenia y Chipre.

Otro de los capítulos a tener en cuenta es la venta y exportación de sus productos. Es cierto que en la última década ha descendido el peso de las ventas en España a la par que ha aumentado en el extranjero, que hoy suponen casi el 53% del total. Respecto a las ventas industriales, España es el primer destino (39,5), por encima de la propia Cataluña (34%) y del extranjero (26,5%).

Cataluña es también la comunidad más activa en cuanto al comercio interregional. Su saldo con España -diferencia entre compras y ventas que realiza- es favorable por una cifra de unos 18.000 millones. Pero en un escenario diferente tras la independencia, destaca Buesa, con la salida de Cataluña de la UE, aparecerían las fronteras, con los consiguientes costes para su economía, que encarecerían los productos catalanes entre un 15 y un 20%, lo que conduciría a una reducción importante de la demanda. Esta aparición de fronteras, añade, menguaría el PIB más de un 25% y, como consecuencia, la recaudación fiscal descendería 17.500 millones de euros. El propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, es consciente de que la situación cambiaría en un escenario independiente. Ocurrió cuando el Estatut, que perjudicó la venta de cava en España.

Por ello Más ha lanzado esta semana, antes de la reunión con Rajoy, una recomendación al empresariado catalán, partidario del pacto fiscal pero no muy propenso a apoyar la independencia: «En los tiempos que vienen» es conveniente que vaya incrementando su capacidad de exportación en el exterior y no dependa tanto del mercado español, dijo en el Círculo de Economía ante dos centenares de empresarios catalanes. Destacó que el año pasado, «por primera vez desde hace siglos, las ventas de la industria catalana en el exterior fueron mayores que en España». «En los tiempos que vienen, es muy bueno que sea de esta manera. Nos interesa que la industria catalana vaya incrementando esta actividad exportadora y esta capacidad de estar presente en todo el mundo», remarcó.

En un informe publicado el lunes, el asturiano Ángel de la Fuente, investigador del Instituto de Análisis Económico, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, advierte junto a Sevi Rodríguez Mora, profesor de Economía de la Universidad de Edimburgo, de que con la independencia los costes serían mayores que los beneficios para Cataluña, al contrario de lo que sostienen los medios de comunicación de esa comunidad.

De la Fuente comienza por poner en cuestión el saldo fiscal de 16.409 millones del 2009 que la Generalitat viene manejando en su campaña sobre lo que España «roba» cada año a Cataluña y que, dividiéndolo por su población, da 2.195 euros por persona. Ésa es la piedra angular del argumentario separatista que los medios de comunicación de esa comunidad repiten machaconamente para afirmar una y otra vez que la secesión les permitirá situarse entre las economías más saneadas del mundo, con más Estado del bienestar y menos impuestos que ahora.

La Generalitat exagera el déficit fiscal al no restar 5.148 millones a los que le corresponde hacer frente por el coste de los servicios generales del Estado (embajadas españolas, bases militares, servicios ministeriales y de la Agencia Tributaria) y que dispararían los gastos de una Cataluña independiente. Estos dos investigadores consideran que el mantenimiento de una de cada tres embajadas multiplicaría por dos el coste de ese servicio para cada catalán. La hacienda propia también le saldría más cara y recaudaría bastante menos por la falta de medios frente al fraude fiscal.

Sin imputar costes adicionales de los servicios comunes, los cálculos de la Generalitat rebajan el ahorro fiscal a 11.261 millones anuales (en vez de los 16.409 millones), lo que equivale al 5,8 % del producto interior bruto. Pero teniendo en cuenta que la pérdida de economías de escala eleva esos costes hasta un 25% de la estimación original del potencial dividendo fiscal de la independencia, habría que deducir, aseguran los expertos, 6.435 millones.

Si además se tiene en cuenta que la recaudación en Cataluña caerá un 5% tras la desaparición de la Agencia Tributaria Estatal y que la de la Seguridad Social lo hace en un 1 por ciento, a la cantidad anterior hay que añadirle otros 1.740 millones por la pérdida de eficacia recaudadora. De la Fuente y Rodríguez Mora calculan que «la ganancia» de 16.409 millones de la Generalitat con la independencia quedaría en la mitad, 8.200 millones o un 4,2%.

En segundo lugar , tras la secesión, la reducción de los flujos comerciales, según los cálculos estándar en economía internacional, supondría una caída del PIB catalán del 9 por ciento, o sea, más del doble del dividendo fiscal de la independencia. Eso en la mejor y más improbable de las hipótesis para Cataluña: que siga en la Unión Europa y que en España no se deje de comprar a los proveedores de la región convertida en nuevo Estado. Toda una entelequia. El boicot de hace unos años al cava hace pensar, lógicamente, que las consecuencias económicas serían desastrosas.

Un dato de 2011 sobre el comercio de bienes ilustra la situación en la que quedaría Cataluña tras la independencia. Ese año vendió a España por 49.381 millones y compró por 26.669 millones lo que le reportó un saldo favorable de 22.713 millones (fue la comunidad que más ganó, muy por delante de la segunda, el País Vasco, con unas ganancias de 6.719 millones). Esos más de 22.700 millones se volatilizarían en caso de la independencia porque Cataluña exportó al resto del mundo por 55.525 millones pero importó por 70.850 millones, lo que le dejó un saldo negativo de -15.325 millones de euros.