Nueva York / Madrid, Agencias

Mariano Rajoy alaba a la «inmensa mayoría» de españoles que no se manifiesta, pese a que sufre y pasa por enormes dificultades. La reacción del presidente del Gobierno, que asiste en Nueva York a la Asamblea General de la ONU, puso el colofón a la larga cadena de declaraciones que ayer suscitó la protesta «Rodea el Congreso», que el martes se saldó con 35 detenidos y 62 heridos y muchas críticas -salvo por lo tocante al Ejecutivo, el PP y los sindicatos policiales- a la actuación de los antidisturbios.

La coordinadora 25-S volvió a reunir ayer a más de 2.000 personas en el mismo lugar, la plaza de Neptuno, muy cerca del Congreso. Sin embargo, anoche, al cierre de esta edición, la concentración se desarrollaba sin incidentes. Tanto la protesta del martes como la de ayer fueron convocadas para clamar contra la dura y continua política de recortes del Gobierno y el descrédito en que, a juicio de los manifestantes, ha caído la clase política.

«Permítanme que haga aquí en Nueva York un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiesta, que no sale en las portadas de la prensa y que no abre los telediarios», pidió Rajoy en una conferencia que estaba pronunciando en la sede de la America's Society.

Todos esos españoles, agregó, «están ahí, pero no se les ve», y son personas que sufren y pasan por enormes dificultades. Y si esas personas saben estar a la altura de las circunstancias, razonó Rajoy, quienes tienen cargos públicos también tienen que estarlo.

«No hay que estropear con intereses de vuelo corto la grandeza del comportamiento de nuestros compatriotas», concluyó el jefe del Ejecutivo, en una alusión que tanto podía hacer referencia a los manifestantes como al desafío soberanista del presidente catalán, Artur Mas.

El Gobierno y el PP cerraron ayer filas en torno a la actuación policial del martes en los aledaños del Congreso y subrayaron que los disturbios fueron protagonizados por grupos «radicales» organizados y «armados» con palos y piedras.

La coordinadora 25-S dijo ser por completo ajena a la violencia de esos grupos. Pero el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, explicó que la Policía respondió de forma «proporcional y congruente» ante grupos «de la extrema izquierda, okupas y anarquistas» que actuaron de forma estructurada. Según Cosidó, alguno de los 35 detenidos cuenta con antecedentes policiales.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, felicitó a las Fuerzas de Seguridad por haber reaccionado «extraordinariamente bien» e impedir que un grupo de personas lograra «ocupar» el Parlamento y «coaccionar» a los diputados. Tenían la orden de actuar «no en defensa de la legalidad ordinaria, sino de la legalidad constitucional», puesto que el Congreso «es inviolable», destacó.

De hecho, algunos de los detenidos, según Interior, no sólo serán imputados por delitos de orden público, daños y lesiones, sino también por delitos que son competencia de la Audiencia Nacional: invasión de sedes parlamentarias, promoción de manifestaciones ante los órganos legislativos e intento de penetrar en sus sedes.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, también vio «proporcional» el trabajo de la Policía y señaló que ésta se limitó a defender el Estado de derecho y a «repeler una agresión», ya que fue objeto de «todo tipo de lanzamientos» con botellas, tornillos, cristales y «casi 300 kilos de piedras».

Frente a estas valoraciones, el secretario general del grupo parlamentario socialista, Eduardo Madina, juzgó «claramente excesivas» las cargas y alertó al Gobierno de que «el país se le está yendo de las manos». Mucho más crítica, IU reclamó que se investigue la supuesta participación de policías vestidos de paisano y encapuchados en la manifestación, ya que, según su líder, Cayo Lara, en un vídeo se aprecia que eran «provocadores». En uno de los numerosos vídeos sobre los disturbios colgados en Internet, se ve cómo dos encapuchados, supuestamente policías, arrastran por el suelo a otro que grita «¡que soy compañero, coño!» para identificarse.

Gaspar Llamazares (IU) pidió la dimisión de Cifuentes.