El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal, que reforzará la igualdad y la protección de la mujer con nuevos delitos como el matrimonio forzado, los actos de hostigamiento o la difusión sin autorización de grabaciones o imágenes íntimas de la víctima.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que también ha dado luz verde al Estatuto de la Víctima, que recogerá un amplio catálogo de derechos de las víctimas de delitos.
El anteproyecto de reforma del Código Penal, que introduce medidas como la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, castigará también la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con consentimiento de la víctima pero sin autorización para su difusión.
Este supuesto, ha detallado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, será castigado con hasta un año de prisión.
"Se trata de atajar cualquier tipo de conductas que supongan violencia para la mujer y acabar con la desprotección", ha señalado el ministro que ha indicado que el matrimonio forzado será condenado con hasta tres años de prisión siempre y cuando se produzca con violencia e intimidación.
Otras de las novedades presentadas por Gallardón afectan al acoso a las mujeres a través del uso indebido de datos para atentar contra su libertad o patrimonio que será castigado con hasta dos años de cárcel, al tiempo que se sancionará con hasta doce mese de multa la vulneración de dispositivos electrónicos impuestos para proteger a las víctimas de violencia machista.
Mínimo contacto con el agresor
Asimismo, las víctimas tendrán el mínimo contacto posible con su agresor y en el caso de aquellas especialmente vulnerables como menores, discapacitados, afectados de grandes catástrofes o perjudicados por delitos de naturaleza sexual, estarán acompañadas en los interrogatorios que se efectuarán en dependencias habilitadas con un profesional especializado.
La toma de declaración y exploración de niños será grabada y se reproducirá en la vista oral para evitar su actividad presencial, que tiene un "componente castigador" para su estado psicológico.
El ministro ha enfatizado que se evitará el "contacto precipitado" entre profesionales, como compañías de seguros, con las víctimas de grandes catástrofes para que tengan un plazo para tomar las decisiones que consideren oportunas.
Por otra parte, las víctimas no serán ignoradas en la toma de decisiones sobre la ejecución de las penas, especialmente cuando pueda haber un "peligro potencial" para ellas. Serán informadas y tendrán "acciones determinadas" en esta materia.
De esta manera, las víctimas de delitos podrán recurrir la concesión de la libertad condicional del delincuente o el levantamiento de la medida de seguridad si no han sido indemnizadas por el delito cometido o si existe peligro para la víctima.
Así lo recoge el informe del Estatuto de la Víctima de Delito presentado hoy al Consejo de Ministros por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que recoge un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales para todas las víctimas de delitos, tanto directas como las indirectas.
Entre las novedades del estatuto figuran el que las víctimas puedan recurrir en un amplio periodo de tiempo el archivo y sobreseimiento de los casos aunque no estén personadas en el procedimiento judicial, y el que puedan acceder, independientemente de que sean parte del proceso penal, a información concreta sobre su causa.
De esta forma, podrán conocer la fecha y lugar del juicio, información sobre la notificación de sentencias y resoluciones de medidas cautelares y de libertad del encausado, siempre y cuando la víctima lo solicite y exista una situación de peligro que lo justifique.
Negación del Holocausto
Ruiz-Gallardón ha anunciado además que la reforma del Código Penal tipificará la incitación al odio o la violencia por raza, religión u origen, así como el negacionismo de crímenes contra la humanidad, específicamente el Holocausto, si incitan a actos violentos.
Gallardón ha destacado que estas medidas se enmarcan en el compromiso del Gobierno en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación ideológica.
La nueva regulación de estos delitos se hará de acuerdo a la doctrina constitucional y contemplará también castigos para los actos y conductas que lesionen la dignidad de las personas a través de la humillación o el desprecio, además de tener en cuenta el odio ideológico para perseguir estos delitos.
Contra la trata de personas
El Gobierno se ha comprometido hoy a intensificar la lucha contra la trata de seres humanos y ha brindado su "apoyo incondicional" a las víctimas para que puedan restablecer la dignidad de sus vidas.
Así lo asegura en una declaración aprobada por el Consejo de Ministros, con motivo del Día Europeo contra la trata de seres humanos, a fin de explicitar su "firme compromiso" frente a esta "gravísima violación de los derechos humanos".
En el marco del Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual 2009-2012, el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando con el objetivo de que en Naciones Unidas se proponga el 18 de octubre como Día Internacional frente a esta violación de los derechos humanos.
"Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, y con la intención de promover el reconocimiento internacional del 18 de octubre como Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos, el Gobierno español expresa su repulsa y más enérgica condena hacia la trata de personas, y su apoyo incondicional a las víctimas de la misma", indica en el texto.
Recuerda además que millones de personas en todo el mundo han visto vulnerados sus derechos más elementales y se han visto explotadas con diversos fines, ya sean trabajos forzados, la esclavitud, la servidumbre, la extracción de órganos o la explotación sexual.
En el ámbito nacional, informa de que se están llevando a cabo las actuaciones previstas en el Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que promueve la colaboración con las organizaciones especializadas en la atención a las víctimas a través de su participación en el Foro Social contra la Trata.
Además, se ha puesto en marcha la Comisión de Seguimiento del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos para seguir avanzando en la mejora de la coordinación entre las distintas instituciones implicadas en la materia.
En el exterior, según el Gobierno, España "realiza grandes esfuerzos" en diversos organismos internacionales, como son las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la OSCE, así como en el ámbito de la Unión Europea para favorecer la lucha conjunta contra la trata de personas.
