El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, pidió ayer al Gobierno que reforme de la ley hipotecaria porque «la actual está creando una serie de disfunciones» al propiciar un elevado número de desahucios con el consiguiente impacto social que comportan.

La avalancha de desahucios derivada de las ejecuciones hipotecaria se está tratando en la XXII Edición de las jornadas de jueces decanos de España, que se celebran por primera vez en Barcelona, con la asistencia de 47 magistrados.

De Rosa admitió que existe una «problemática social» derivada de esas ejecuciones, por lo que sería necesaria una reforma de la ley Hipotecaria, dado que la actual está provocando «disfunciones». El números dos del Poder Judicial añadió que las propuestas de cambios en la legislación se plantearán «dentro del respeto al poder ejecutivo y al legislativo». En este punto, advirtió de que la judicatura está obligada a «aplicar la ley» y que la vigente «no puede ser sustituida por las iniciativas particulares» de uno u otro juez.

El PSOE, por su parte, quiere reunirse de urgencia con el Gobierno para parar los desahucios. Los socialistas han presentado una iniciativa en el Congreso que implica modificar cinco leyes y va más allá de la dación en pago. Además han planteado a los populares «encerrarnos en una habitación y hasta que no haya texto definitivo no salgamos», dijo Antonio Hernando.

El principal partido de la oposición cree que el PP se sentará a negociar «esta misma semana». Inmaculada Rodríguez Piñero afirmó que los socialistas quieren ir más allá de la dación en pago y que los ciudadanos «no se queden sin vivienda» por una causa sobrevenida como puede ser la pérdida de empleo.

«Es una reforma que cambia la relación de fuerzas» para lograr un equilibrio entre los bancos, que deben asumir parte de su responsabilidad al conceder créditos, y las familias. El PSOE exige una «moratoria» en la ejecución hipotecaria durante la renegociación y evitar «el abuso» de los intereses de demora, los cuales no podrán superar en más de dos puntos el tipo de interés que el banco aplica a la hipoteca.

Además, cuando un inmueble llegue al proceso de subasta judicial, no podrá tasarse a un precio inferior al que se fijó en la valoración al conceder el crédito. Antes de llegar a este punto, el PSOE prevé la implantación de un procedimiento extrajudicial previo similar a los concursos de acreedores que existen para las empresas, que favorezca los acuerdos entre las partes.

Además, todas las entidades que han pedido ayuda al FROB estarán obligadas a abrir una negociación con el cliente para evitar el desahucio distinta y previa al procedimiento extrajudicial ya previsto, dijo la portavoz socialista. La propuesta del PSOE contiene medidas para «prevenir el sobreendeudamiento» de las familias en el futuro, como la limitación del montante del préstamo al 80% del valor del inmueble, que no pueda tener un plazo superior a 30 años y que el esfuerzo máximo familiar para atender el pago sea del 30%. Y también medidas para que las tasadoras tengan independencia «real» de las entidades financieras.

Dolores de Cospedal abogó por flexibilizar la situación y anunció que el PP quiere obligar a los bancos a ofrecer alternativas al desahucio. «Hay muchas cosas que se pueden hacer, no sólo la dación en pago», dijo. Los populares están decididos a negociar con el PSOE la adopción de medidas «que nunca se han tomado» porque es necesario hacerlo para resolver este «drama» y pensando, «sobre todo», en las familias.

«Vamos a apoyar y vamos a impulsar todas las medidas que permitan resolver esta situación dramática. Estamos dispuestos a hacer lo que nunca se ha hecho», aseguró Carlos Floriano en nombre del partido del Gobierno.