El Congreso convalidó ayer con los votos del PP, UPyD y UPN el decreto que permite la suspensión de desahucios durante dos años, una norma a la que podrá acogerse un máximo de 120.000 familias y que ha sido criticada por toda la oposición por fijar unos criterios muy restrictivos para acceder a la moratoria. El ministro Luis de Guindos había cifrado nueve días antes en 600.000 los posibles beneficiarios.
El titular de Economía defendió que ese colectivo potencial es una cifra «nada despreciable», así como la decisión del Gobierno de adoptar medidas urgentes para familias «vulnerables» mientras se negocian cambios legales de mayor alcance con el resto de partidos políticos. No obstante, avanzó que el número final de hogares que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota. Dijo también que más de 600.00 podrán acceder al alquiler.
Para acogerse a la suspensión de un desahucio hay que tener una hipoteca sobre una única vivienda, cumplir cuatro requisitos económicos y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables (por ejemplo, ser familia numerosa, tener personas a cargo con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia).
De Guindos anunció que el nuevo Fondo Social de Vivienda ya tiene en cartera 6.000 viviendas. Hasta septiembre se han presentado 722 solicitudes, de las que 604 han sido resueltas. Entre estas últimas, 127 concluyeron con una reestructuración de la deuda y 34 con la dación en pago y extinción de la deuda. Estos datos suponen un «notable incremento» sobre los de finales de junio, cuando sólo se habían registrado ocho casos de dación en pago y 44 reestructuraciones de deuda, dijo.
El Ministro no desveló qué entidades han contribuido a dicho fondo, pero se mostró convencido de que la mayoría lo suscribirá. El decreto de paralización de desahucios suscitó las críticas de todos los grupo, salvo el popular, que coincidieron en que es restrictivo y excluye a muchos colectivos necesitados.
Las viviendas que formen parte del Fondo Social para alojar a víctimas de desahucios se alquilarán a precios de entre 150 y 400 euros y en ningún caso podrán tener costes que superen un tercio de los ingresos de los arrendatarios, según De Guindos, quien explicó que las entidades financieras ya se han comprometido a poner a disposición de este Fondo Social unas 6.000 viviendas que se alquilarán a familias desahuciadas con precios sociales.
La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, denunció que el afán de restringir el número de beneficiarios ha dejado la norma «sin contenido» y aseguró que el problema de los desahucios no es «de marginalidad, sino de la clase media trabajadora». Desde Izquierda Plural, Joan Coscubiela, dijo que los criterios para beneficiarse de la suspensión de un desahucio los redactó la banca. CiU, por su parte, pidió que introduzca la figura de un mediador que haga «trajes a medida» de cada situación de deudores.
De Guindos mostró disposición a abordar la regulación de la actividad de las tasadoras, los intereses de demora y la regulación de hipotecas complejas, como las denominadas en monedas distintas del euro, pero alertó del riesgo de hacer cambios legislativos que cierren el crédito para la vivienda a las familias.
«Hay que pensar en las consecuencias, porque en economía el camino al infierno está lleno de buenas intenciones», dijo. El Ministro abogó por mejorar las estadísticas existentes sobre desahucios para contar con más información para delimitar el problema y actuar mejor. Por último señaló que, según el Banco de España, a lo largo de 2012 se producirán 16.000 ejecuciones hipotecarias, de las que el 83% es de viviendas vacías.
